La procuradora fiscal ante el Máximo Tribunal, Laura Monti, opinó a favor de la competencia de la justicia provincial en un amparo para frenar la reelección del actual gobernador de La Rioja. El Alto Tribunal quedó en condiciones de resolver.
En el medio de la Feria Judicial, la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, dictaminó a favor de la competencia de la justicia provincial para entender en un amparo por la convocatoria a una consulta popular en La Rioja con el fin de modificar la Constitución provincial y habilitar un nuevo mandato al actual gobernador, Sergio Casas.
Las actuaciones se originaron por una acción de amparo promovida por la Unión Cívica Radical –Distrito La Rioja y el PRO La Rioja para que se declare la inconstitucionalidad de una ley sancionada en diciembre último y de dos decretos por los que se convoca a una consulta popular sobre la reelección del gobernador de la provincia.
Los amparistas esgrimieron que el artículo 120 de la constitución provincial establece un límite a la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vice gobernador, y permite dos períodos consecutivos en esos puestos. Manifestaron, entre otras cuestiones, que el actual gobernador Sergio Casas -cuyo mandato termina en 2019- está imposibilitado de ser candidato ya que fue vicegobernador entre 2011 y 2015.
Además consideraron que se trata de un caso de “gravedad institucional” ya que demostraría que un gobernador “pretende perpetuarse en el poder desconociendo los mandatos de la Constitución local y lesionando los principios republicanos de la Constitución de la Nación”, por lo que concluyeron que corresponde la intervención federal ya que la situación “excede los límites del lugar en que se lo comete y compromete a la Nación toda”.
La presentación recayó durante el receso judicial, por lo que el Alto Tribunal resolvió habilitar la Feria Judicial. La resolución, suscripta por el ministro Horacio Rosatti, aclaró que se habilitaba la Feria "sin que ello implique adelantar posición alguna respecto de los requerimientos allí formulados".
En este escenario, la procuradora fiscal estimó que el pleito en el que se cuestiona la validez de normas locales por considerarlas contrarías a la Constitución provincial, se rige por el “derecho público local”, lo cual “impide la tramitación de la causa ante los estrados de la Corte en su instancia originaria”.
Con la opinión de la Procuración, que no es vinculante, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de resolver la causa caratulada "Unión Cívica Radical - Distrito La rioja y Otro s/ Acción de Amparo". A tal efecto, el Tribunal convocó a una audiencia para el próximo jueves, a las 12.30.
Monti señaló que la cuestión se relaciona con el "procedimiento jurídico político de organización del mencionado Estado provincial", es decir, “con un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse, y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local”.
De este modo, la titular del MPF opinó a favor de la competencia de la justicia provincial, ya que “el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el artículo 14 de la Ley 48”.
Con la opinión de la Procuración, que no es vinculante, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de resolver la causa caratulada "Unión Cívica Radical - Distrito La rioja y Otro s/ Acción de Amparo". A tal efecto, el Tribunal convocó a una audiencia para el próximo jueves, a las 12.30.