El Poder Ejecutivo presentará en los próximos días el proyecto de Régimen Penal Juvenil. La iniciativa estipula como primer respuesta al delito “sanciones socioeducativas y disciplinarias”, dejando la prisión como último recurso.
El Gobierno nacional presentará en los próximos días el proyecto de Régimen Penal Juvenil tendiente a modificar la Ley 22.278, promulgada y sancionada en 1980.
Apenas unas semanas atrás, el Ministerio Justicia publicó en su página web el anteproyecto de Régimen Penal Juvenil y abrió “a participación la iniciativa” para recibir aportes de los ciudadanos. Tras pulir algunos detalles y con el visto bueno de la cartera, el proyecto se presentó a legisladores de Cambiemos.
La nueva normativa busca modificar la Ley 22.278, impulsada durante última dictadura cívico-militar. Desde ese momento en adelante, se han presentado más de 90 proyectos de ley en el ámbito del Congreso, pero sólo uno obtuvo media sanción del Senado en 2009, y luego fracasó en Diputados.
“La discusión del Régimen Penal Juvenil lleva muchos años a cuestas y sigue siendo una deuda histórica de la República Argentina que debe ser cuanto antes zanjada”, señala el borrador del proyecto.
La iniciativa estipula como primer respuesta al delito “sanciones socioeducativas y disciplinarias”, dejando las penas privativas de libertad como último recurso.
El proyecto también propone sanciones socioeducativas como, por ejemplo, asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, deportivos, recreativos y participación en un tratamiento médico o psicológico.
Entre sus puntos centrales, el texto propone la baja de 16 a 15 años de la edad de imputabilidad únicamente para los delitos más graves previstos en el ordenamiento jurídico, es decir reprimidos con pena privativa de la libertad superior a los 15 años de prisión.
Entre los 16 y 17 años, según establece la iniciativa, responderán por todos los hechos previstos como delitos en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con penas menores a dos años, multa o inhabilitación como pena principal.
El proyecto también propone sanciones socioeducativas como, por ejemplo, asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, deportivos, recreativos y participación en un tratamiento médico o psicológico.
Además hace especial foco en la organización de una “justicia especializada” con un enfoque “interdisciplinario”, como también incorpora los institutos de mediación, acuerdos restaurativos, conciliación y suspensión del proceso a prueba con plazos de duración expresamente estipulados.