Así, el panel especial del tribunal de apelaciones del distrito de Columbia ordenó al tribunal de menor instancia a emitir un nuevo fallo dando al gobierno los poderes que busca.
El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera tiene jurisdicción sobre la vigilancia por parte del gobierno. Su resolución de mayo pasado fue la primera derrota sustancial para el gobierno en un caso de vigilancia.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y varios grupos sostuvieron que las normas propuestas por Ashcroft restringirían la libertad de palabra y las protecciones procesales al dar al gobierno mucha mayor prerrogativa para escuchar conversaciones telefónicas y leer el correo electrónico.
"Nadie está cuestionando la autoridad del gobierno para juzgar espías y terroristas", afirmó Ann Beeson, directora de del departamento legal del programa de tecnología y libertad de la ACLU. "Pero no tenemos que exceptuar a la Constitución para hacerlo".
Aún no se informó si la ACU u otros grupos llevarán el caso hasta la Corte Suprema.