La Corte Suprema, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal firmaron un convenio de colaboración para la prevención, investigación y sanción de los femicidios. El objetivo principal es consolidar la información criminal sobre este tipo de crímenes en todo el territorio nacional.
Con el objetivo de unificar estadísticas y lograr un trabajo conjunto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia suscribieron un acuerdo para crear un ámbito de cooperación entre estas instituciones para consolidar la información criminal sobre femicidios en todo el país.
El acuerdo lleva la firma de la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco; el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quienes se comprometieron a "promover la construcción de indicadores comunes que permitan la comparación de la información obtenida por cada organismo y, en su caso, la elaboración de mediciones y/o análisis sobre femicidios en Argentina".
Uno de los objetivos principales de la resolución es que se puedan intercambiar las buenas prácticas detectadas y utilizadas en los organismos para la construcción de bancos de datos y la elaboración de investigaciones y estadísticas vinculadas a los femicidios.
El convenio se suscribe a los compromisos que Argentina asumió ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), perteneciente a la OEA, que estableció como competencia del Poder Judicial contar con bancos de datos, investigaciones y estadísticas que permitan conocer la magnitud de la problemática del femicidio en sus países y que realicen el monitoreo de los avances y retrocesos del Estado en esa materia.
Durante la firma, Highton de Nolasco expresó que las cifras sobre este tipo de crímenes en el país "son escandalosas" y, a partir de este proyecto, se van a poder comparar las estadísticas para lograr un trabajo conjunto entre los organismos involucrados.
Uno de los objetivos principales de la resolución es que se puedan intercambiar las buenas prácticas detectadas y utilizadas en los organismos para la construcción de bancos de datos y la elaboración de investigaciones y estadísticas vinculadas a los femicidios.
A propósito del trabajo para disminuir y sancionar la violencia contra las mujeres que realiza cada parte firmante, la Corte creó
en 2009 la Oficina de la Mujer (OM) para impulsar, en la esfera del Poder Judicial, "un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, a fin de alcanzar la equidad de género, tanto para quienes utilizan el sistema de justicia como para aquellos que trabajan en él".
Lo propio hizo la Procuración General de la Nación cuando creó, en 2015, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en el marco del Programa de Políticas de Género. Esta dependencia es la encargada de producir los “Informes de Femicidios y Homicidios dolosos de mujeres en CABA”.
Finalmente, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó en 2018 la Coordinación de Políticas de Género y No Discriminación con el objetivo de impartir perspectiva de género en las políticas de seguridad.