La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional impulsa dos propuestas legislativas para actualizar el régimen de acción de amparo y solucionar el problema de los archivos en papel. Los detalles de las iniciativas.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) redactó dos propuestas legislativas para modificar el régimen de acción de amparo y solucionar la problemática vinculada con la acumulación de expedientes en los distintos archivos del Poder Judicial.
Las iniciativas fueron elaboradas por la Comisión de Proyectos Legislativos y su redacción contó con la colaboración y participación de los afiliados. Al respecto, la Lista Bordó, agrupación que dirige la entidad desde 2002, solicitó al Consejo Directivo su pronto tratamiento.
La primera propuesta plantea la necesidad de sancionar una nueva normativa que regule la acción de amparo y a su vez, la derogación de la Ley 16.986. El texto busca actualizar el régimen y “conjugar los plazos con las posibilidades efectivas de prestación del servicio de justicia y el mapa judicial de la justicia nacional y federal”.
Entre otras cuestiones, la propuesta establece que la “demanda de amparo deberá interponerse dentro de los 30 días contados a partir de que el o los afectados tuvieran conocimiento cierto de la lesión, restricción, alteración o amenaza; criterio que el juez podrá atemperar, de acuerdo a las circunstancias del caso, en hipótesis de lesión continuada”.
Por su parte, el segundo proyecto sobre “Archivo y Destrucción de Expedientes Judiciales” busca ponerle fin a la gran cantidad de expedientes judiciales que se acumulan y apilan en los distintos archivos del Poder Judicial. Las montañas de papel en los juzgados y dependencias limitan el espacio en las instalaciones, como también impactan en la salud de los empleados y funcionarios judiciales.
Con respecto a la destrucción de los expedientes que se digitalicen, el texto aconseja que el papel que resulte inoficioso se recicle a través de fundaciones, asociaciones o entidades afines, con retorno -en la medida de las posibilidades- al Poder Judicial, para ser usados nuevamente para distintas tareas administrativas.
El proyecto toma de base la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de los procesos, para impulsar la digitalización de los expedientes. Además establece regulaciones específicas vinculadas al archivo y destrucción de expediente.
Con respecto a la destrucción de los expedientes que se digitalicen, el texto aconseja que el papel que resulte inoficioso se recicle a través de fundaciones, asociaciones o entidades afines, con retorno -en la medida de las posibilidades- al Poder Judicial, para ser usados nuevamente para distintas tareas administrativas.
También dispone que se informe sobre el listado de expedientes judiciales y las pruebas relevantes que serán objeto de destrucción al Archivo General del Poder Judicial de la Nación, con el objeto de que “sean conservadas aquellas piezas que presenten algún interés histórico, político o cultural específico”.
“Se considera de vital importancia una normativa acorde a los requerimientos actuales para poder descongestionar los archivos de los Tribunales del país”, fundamenta la propuesta.