El Ministerio de Justicia y Derechos de Humanos declaró la emergencia penitenciaria debido a la superpoblación que sufren las cárceles argentinas. Las estadísticas muestran que hay 13.773 presos cuando la capacidad es para 12.235. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
El gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 184/2019 que la emergencia penitenciaria debido a la sobrepoblación en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida se extenderá por el plazo de tres años y preve la creación de una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria.
El texto publicado sostiene que “la población penitenciaria alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal ha experimentado un incremento significativo en los últimos años”. Los datos extraídos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena muestran que la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274 personas, mientras que el SPF informó que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascienden a 13.773.
La resolución lleva la firma del Ministro de Justicia, Germán Garavano, y sostiene que actualmente hay una sobrepoblación superior al 12%, lo que se traduce en 3.500 presos más que la capacidad permitida.
Para dar una respuesta a la problemática, el gobierno ordenó la conformación de una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria para analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del Estado nacional intervinientes en la materia penitenciaria federal para la elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a "resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal, mejorar las condiciones de privación de la libertad, promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables".
"Por un lado, las órdenes judiciales de fijación de cupo establecen límites rigurosos a la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios federales”, y, “a su vez, las órdenes de permanencia impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país”, sostiene la publicación.
Agregó que: “Estas circunstancias, entre otras, obstaculizan la planificación y la gestión de la política penitenciaria y, con ello, desencadenan situaciones caracterizadas por la sobrepoblación de los establecimientos ubicados en determinadas zonas”.
La resolución lleva la firma del Ministro de Justicia, Germán Garavano, y sostiene que actualmente hay una sobrepoblación superior al 12%, lo que se traduce en 3.500 presos más que la capacidad permitida.