El fiscal viajó ayer a la provincia norteña para radicar veinte denuncias, que engloban unos treinta casos de beneficiarios que aseguraron que se les exigió dinero y en algunos casos “favores sexuales” a las madres de familia, a cambio de inscribirlos en la lista de beneficiarios del plan que entrega por mes 150 pesos.
Fuentes judiciales indicaron que las denuncias fueron recibidas en una línea telefónica gratuita que funciona en el Ministerio de Trabajo, donde varias personas sostuvieron que habían sido víctimas de algún tipo de ilícito en la entrega de los planes.
Las fuentes explicaron que entre los casos se encuentra el de hombres que aseguraron que al momento de cobrar el beneficio se acercaron al banco provincial “los custodios” del intendente de una localidad tucumana en la que residen para exigirles cincuenta de los 150 pesos del plan, a cambio de mantenerle el beneficio.
Las denuncia -que quedaron radicadas en la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, fue realizada por orden del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien instruyó a Marijuán, para que como titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) se constituyera en la provincia y presentara los casos.
Las fuentes explicaron que “las exigencias de dinero son tanto para mantener el beneficio como para entregarlo primera vez”, y en este caso hay incluso denuncias que indican que se les cobra antes de permitir a los beneficiarios acceder al subsidio instrumentado por el gobierno nacional.
Los fondos del Plan Jefas y Jefes de Hogar son administrados en Tucumán por Organizaciones no Gubernamentales y algunas intendencias. Precisamente, en las presentaciones de Marijuán se denuncian irregularidades en comunas “más carenciadas” de la provincia como Banda del Río Salí, Acheral y Tafí Viejo, entre otras.