Diputados postergó el tratamiento del proyecto de Acceso a la Justicia Colectiva y decidió su giro a instancia de Comisiones, para darle participación a las asociaciones civiles en el debate. Las principales críticas a la iniciativa que busca regular los procesos colectivos.
La Cámara de Diputados de la Nación postergó el tratamiento del proyecto de ley de Acceso a la Justicia Colectiva y lo giró a instancia de Comisiones.
La postergación se dio tras el pedido del diputado José Luis Ramón, quien afirmó que “sería oportuno convocar a las diversas asociaciones civiles a que se expidan sobre el tema en una reunión informativa”.
La iniciativa busca regular los procesos judiciales para la "tutela de los derechos de incidencia colectiva indivisibles interjurisdiccionales o para la tutela de derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos con efectos en más de una jurisdicción, sea que tramiten ante la justicia ordinaria provincial o nacional o ante la justicia nacional federal".
El texto se aplicará también a los procesos judiciales que tramiten ante la justicia nacional ordinaria o federal, para la "tutela de derechos de incidencia colectiva indivisibles no interjurisdiccionales o para la tutela de derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos que no tengan efectos en más de una jurisdicción".
Sin embargo, el proyecto diversos cuestionamientos por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores. “Mantiene disposiciones que son regresivas, y que amenazan seriamente el uso de las acciones colectivas como herramienta para el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad”, advirtieron.
Las observaciones se centran en la introducción de la “legitimación pasiva colectiva”, las exigencias impuestas en materia de “representación adecuada” y las consecuencias que se imponen a los actores ante la falta de cumplimiento de esas exigencias.
“Una regulación en la materia debe orientarse a fortalecer este tipo de acciones en pos de asegurar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los grupos más vulnerables, conforme ha ido desarrollándose jurisprudencialmente en función de la práctica sostenida por organizaciones de la sociedad civil”, explicaron.
Las observaciones se centran en la introducción de la “legitimación pasiva colectiva”, las exigencias impuestas en materia de “representación adecuada” y las consecuencias que se imponen a los actores ante la falta de cumplimiento de esas exigencias.
También criticaron la ordinarización de los procesos, la regulación regresiva en materia de efecto de los recursos, las restricciones en materia de medidas cautelares, las restricciones a la presentación de terceros y los requisitos de admisibilidad.