En la ratificación de la denuncia, González argumentó con jurisprudencia la competencia federal en el delito denunciado y sumó los recortes de la revista brasileña Dinheiro, donde su publicó la entrevista a Cavallo y de los diarios argentinos que recogieron las declaraciones.
Además, para fundamentar la legitimidad de la denuncia, González aseguró que el presunto delito cometido por Cavallo con esas declaraciones se encuadra en el inciso primero del artículo 215 del Código Penal, que califica como una figura agravada de traición aquellos hechos dirigidos a “someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad”.
Más adelante, en el escrito que presentó a modo de ratificación, González advierte que la figura de traición a la patria requiere que aquel que la cometa se alce en armas o se alíe con enemigos, lo que -claro- no ocurre en este caso. Sin embargo, para el funcionario de Alfonsín esos conceptos -“que alguna vez creímos permanentes”, aclara”- deben ser “actualizados”.
Para eso, el denunciante define como “arma” también al “uso globalizado de los medios de comunicación” que, en el caso de las declaraciones de Cavallo, fueron “interesadas”, para procurar “perjuicios políticos” al gobierno de Eduardo Duhalde.
Pero el fundamento no acaba ahí, González dice no sólo los medios de alcance global son armas, sino que, además, remarca que también varió “el concepto tradicional de enemigo”, que ahora “no tienen bandera sino logotipo”, en referencia a las “corporaciones económicas”.
Por último, el ex funcionario pidió que se llame a declarar al actual secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, para que explique sus declaraciones sobre el presunto “conflicto de intereses” que generaría la participación en la renegociación de la deuda externa de los bancos que participaron en los últimos diez años. Para González, esos dichos son una ratificación indirecta de la acción de las “corporaciones” que denuncia como “enemigos”.