Los jueces salieron al cruce de las advertencias del presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, quien vaticinó aquella posibilidad, luego que se conociera el contenido de un voto del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, respaldando la devolución de los depósitos en dólares, sumándose así a la mayoría del tribunal.
La postura de los camaristas y jueces de primera instancia se funda en que, en el ámbito de la capital federal, la mayoría de quienes presentaron recursos de amparo contra el “corralito” ya percibió la devolución de al menos el 50 por ciento de los depósitos, vía concesión de medidas cautelares.
Esas devoluciones se efectivizaron tanto en pesos como en dólares y al precio de la cotización del día de la moneda norteamericana “sin que haya colapsado el sistema bancario”.
Esas conclusiones son la síntesis de una reunión que mantuvieron los jueces contenciosos, en la cual también se admitió que “los bancos están pagando, y lo están haciendo en dólares y en pesos, pero a la cotización de la divisa al día de la sentencia”, según lo resumido por un camarista que participó de la misma.
También coincidieron en señalar que quienes invocaron un precario estado de salud o edad avanzada “recibieron la devolución de sus ahorros casi sin excepción”.
Recalcaron –para alejar aun más el fantasma inflacionario—que cuando se dictaron las medidas cautelares ordenado la devolución de los depósitos, los bancos “después de pagar apelan” entre otras cuestiones “la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que fundamenta la concesión de cautelares, pero pagan”.
Los argumentos también fueron reforzados por otro de los magistrados quien señaló que “la mayoría” de quienes llegaron a la Corte Suprema de Justicia ya cobraron, o les resta el pago de un 50 por ciento de sus depósitos.
En esa lista está incluida la ahorrista Beratz, que es considerado un caso testigo, y a quien le devolvieron sus 13 mil dólares.
“Los bancos pagaron, hicieron efectivos los amparos, y no se sabe que ningún banco haya pedido su liquidación, que haya cerrado, quebrado o que haya amenazado con irse del país por culpa de la Justicia”, sostuvieron.