La provincia de Salta aprobó modificaciones a los artículos 2 y 5 de la ley 7782 y a los artículos 23 y 25 de la ley 7838. A partir de la sanción, multas, beneficios económicos y bienes decomisados serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes y, además, a solventar los gastos vinculados a las investigaciones de los delitos relacionados con el narcotráfico. La modificatoria de la ley 7782 establece que el juez de Garantías entregará prioritariamente y en calidad de depósito judicial al Ministerio Público Fiscal, a la Policía de la Provincia de la Provincia los automotores, motocicletas, aeronaves y embarcaciones decomisados para su empleo en la investigación de los delitos de narcotráfico. También dispone que el juez del tribunal o el juez unipersonal dispondrá de los bienes secuestrados en la etapa del juicio y deberá establecer en la sentencia su destino definitivo. Las modificaciones de la ley 7838, en tanto, establecen que el dinero y las divisas extranjeras secuestradas serán depositados en una cuenta especial a la orden del juzgado, en la cual el fiscal podrá efectuar directamente los depósitos, comunicándoselos al juez de Garantías. La nueva norma especifica que el juez de Garantías destinará el 30% del dinero secuestrado a una cuenta de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para solventar los gastos vinculados a las investigaciones en curso. La modificatoria de la ley 7838 establece además que la sentencia condenatoria dispondrá la transferencia de los fondos secuestrados a la cuenta que el Poder Ejecutivo destine para afrontar las tareas de prevención, asistencia y rehabilitación de adictos a los estupefacientes, a excepción de los fondos depositados para gastos vinculados a la investigación.