El Consejo de la Magistratura sancionó al ex presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, con un descuento del 35% de su sueldo por la detención “arbitraria” de una secretaria.
El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aplicó al juez Juan Carlos Gemignani una sanción del 35 por ciento de su remuneración por la detención “arbitraria” de la secretaria María Amelia Expucci.
A primeras horas de esta mañana, la Comisión de Disciplina y Acusación aprobó, por mayoría, un dictamen que proponía el apercibimiento. Luego, el Plenario consensuó una multa única que consistirá en una quita del 35% de su salario.
El integrante de Cámara Federal de Casación Penal había pedido la postergación del debate, pero el órgano rechazó la pretensión. El expediente estaba cerca del vencimiento al cumplirse el plazo máximo de tres años previsto por la normativa.
Todo comenzó en 2016, cuando la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció al magistrado y solicitó su inmediata suspensión y remoción por la causal de mal desempeño. Los hechos denunciados sucedieron durante el receso judicial de invierno, luego de que el juez ordenara la detención e incomunicación de María Amelia Expucci, quien se desempeñaba como secretaria de la Sala de Feria.
Según consta en el expediente, Gemignani le requirió la realización de un inventario del contenido de unas cajas que estaban en la sala de audiencias de la Cámara, pero Expucci le respondió que fue designada secretaria de Feria para cuestiones jurisdiccionales.
Ante ello, el juez le ordenó a dos policías la detención de la funcionaria, quien fue incomunicada y trasladada a una garita ubicada en las cocheras de la parte posterior del edificio de Comodoro Py. Minutos máarde, el juez Martínez De Giorgi ordenó su inmediata libertad.
Expucci denunció a Gemignani por "privación agravada de la libertad". La fiscal Paloma Ochoa encuadró los hechos en el delito previsto en el artículo 144 bis, inciso 1 del Código Penal, que reprime la conducta del “funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase alguno de su libertad”.
Gemignani recusó a la fiscal y pidió su sobreseimiento. En julio de 2018, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, con el voto de los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, lo sobreseyó. “El contexto particularizado permite descartar -sin margen de duda- que el Dr. Gemignani haya obrado dolosamente con el fin de privar ilegalmente de la libertad”, destacó el fallo.
A este proceso se sumó otra denuncia por haber echado a su colega Liliana Catucci de un acuerdo del máximo tribunal penal del país. El hecho ocurrió en marzo último y derivó en su desplazamiento de la presidencia de la Cámara de Casación. Sin embargo, el Consejo decidió desestimar estas actuaciones, al considerar que “no existen elementos" para sancionar la conducta.
No obstante, el Consejo de la Magistratura continuó la investigación para determinar si la conducta del juez “podría objetivamente haber implicado una inconducta del magistrado”.
El expediente disciplinario recayó originalmente en la vocalía del entonces consejero Luis María Cabral, quien presentó un dictamen, pero nunca fue tratado por el órgano. Luego, la senadora riojana Olga Inés Brizuela y Doria continuó la instrucción.
A este proceso se sumó otra denuncia por haber echado a su colega Liliana Catucci de un acuerdo del máximo tribunal penal del país. El hecho ocurrió en marzo último y derivó en su desplazamiento de la presidencia de la Cámara de Casación. Sin embargo, el Consejo decidió desestimar estas actuaciones, al considerar que “no existen elementos" para sancionar la conducta.
Los detalles del dictamen
La consejera instructora subsumió las conducta del magistrado dentro del artículo 14, inciso a, de la ley 24937, el cual establece sanciones de advertencia, apercibimiento y multa de hasta un 50% de sus haberes por "faltas disciplinarias por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia”. Brizuela y Doria se inclinó por la sanción más leve, es decir un apercibimiento.
Por su parte, la diputada Graciela Camaño solicitó la aplicación de una multa del 50 por ciento de sus haberes. En su voto, la consejera realizó consideraciones sobre violencia de género y abuso de poder en el ámbito laboral. “La conducta del magistrado es ofensiva a los derechos humanos”, argumentó.
Por su parte, los consejeros Alberto Lugones y Diego Molea adhirieron a la postura de Camaraño y, además, propusieron la realización de una capacitación en temas de género y violencia contra las mujeres.
“El Consejo debe dar un mensaje claro”, afirmó Molea y defendió la aplicación de una sanción más gravosa. “No vamos a permitir que exista violencia de género dentro del Poder Judicial”.
Asimismo, el consejero Lugones afirmó que “no es grato proponer sanciones a un colega”, pero concluyó que la conducta es “grave” y "merece reproche". En el encuentro estuvo presente la secretaria Expucci, quien presenció el debate.