Bajo tutela sindical

La Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, integrada por las juezas Mirta Regina y María de las Mercedes Domecq, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por un representante gremial contra una sentencia del juzgado del Trabajo 2 de Orán, que había rechazado parcialmente la demanda del trabajador por violación al artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales (23551).

De este modo, las magistradas revocaron parcialmente una resolución dictada en primera instancia, y adicionaron a la condena impuesta la suma de 513.586 pesos a la fecha de despido de un hombre, sumado a la tasa de interés ya establecida. 
 
El hombre había sido despedido sin causa de un frigorífico pocos días después de ser electo como secretario general adjunto de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la carne y sus derivados.

La ley 23551 otorga una protección especial a quienes ocupan cargos electivos o representativos en las entidades gremiales a fin de "evitar modificaciones en las condiciones de trabajo, suspensiones, despidos o abusos de los empleadores".

En el caso, las vocales consideraron que “resulta indudable la importancia que la estabilidad sindical tiene, en orden a la protección de la persona que ejerce un cargo de representación sindical, así como también con relación a la tutela de interés de quienes lo han elegido para el desempeño de dicho cargo”. 

La propia demandada reconoció que le fue notificado por la federación de quienes habían sido los ganadores de la elección antes de que el actor recibiera la misiva de despido.

En concreto, las juezas tuvieron como indubitable que la patronal se encontraba "debida y adecuadamente anoticiada" de las elecciones y de que el actor era candidato como delegado sindical.

La propia demandada reconoció que le fue notificado por la federación de quienes habían sido los ganadores de la elección antes de que el actor recibiera la misiva de despido.