La AMFJN salió a cuestionar las manifestaciones del presidente de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, quien apuntó contra los tribunales federales y provinciales por presuntas irregularidades. El ministro de Justicia pidió que el magistrado haga la denuncia formal.
Las manifestaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, siguen generando polémica. Ahora, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió a cuestionar sus dichos
Las declaraciones se dieron durante unas jornadas académicas, donde el titular del Máximo Tribunal bonaerense apuntó contra Comodoro Py y habló de “abuso de proceso judicial penal, causas armadas artificialmente, espías, escuchas y complicidades" por parte de algunos funcionarios.
A su vez, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, organizadora del evento, coincidió en que "el uso masivo de dispositivos de excepción -como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019- o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los estados republicanos".
La respuesta no se hizo esperar. La AMFJN, presidida por Marcelo Gallo Tagle, señaló que “accionar de los magistrados debe mantenerse ajeno a posiciones oficialistas u opositoras con reflejo en la escena política nacional” y que “deben mantener su necesaria independencia como miembros de los Poderes Judiciales independientes, parte indisoluble del diseño republicano y democrático que establece la Constitución Nacional”.
"Desde antiguo nuestra asociación tiene dicho que de los jueces se esperan conductas y limitaciones no exigibles a los particulares. Una de esas características esperables remite a la necesaria mesura que debe tener el magistrado a la hora de formular expresiones personales sobre asuntos propios de la vida institucional", indicó el comunicado.
A estas manifestaciones se sumaron las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien afirmó que se trata de “una declaración política” y dijo que el magistrado “debería presentarse en la fiscalía y hacer la denuncia correspondiente".
La AMFJN destacó como “prudente asentar que el proceder antedicho no resulta propio de un magistrado, cualquiera sea su asiento funcional o nivel de responsabilidad en razón del grado”, y concluyó: “La confianza social que el servicio de justicia debe recuperar sólo podrá generarse a partir de conductas transparentes basadas en los principios antes mencionados”.
A estas manifestaciones se sumaron las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien afirmó que se trata de “una declaración política” y dijo que el magistrado “debería presentarse en la fiscalía y hacer la denuncia correspondiente".
"Es una pena porque la Justicia en la Provincia está haciendo avances significativos para separar a jueces y a fiscales sospechados de corrupción", opinó en declaraciones con radio La Red.