El funcionario, manifestó que su pedido se funda en el hecho de que la norma firmada por el presidente Eduardo Duhalde se contrapone con lo normado por la Ley de Emergencia Económica en donde manifestó que está “prohibido en forma explicita el aumento tarifario”.
Además, afirmó que en la norma se usa la palabra adecuar las tarifas en vez aumentar “con el sólo fin de evitar una contradicción con la ley 25.516 y afirmó que esto sumado a la “burla que significa el juego de palabras , termina siendo de cumplimiento imposible, ya que readecuar en un término que no figura en la lengua española”.
También, explicó que el no llamado a audiencias públicas es por un lado una “anomalía en si misma, al tiempo que explicó que la forma en que se busca justificar ese no seguimiento del procedimiento correspondiente es “desfachatada” ya que enfatizó que se usó la excusa de que el aumento es “un pago a cuenta”, hasta tanto se hagan las audiencias”.
No es el único
La firma y publicación en el Boletín Oficial del decreto número 2437/02 del Poder Ejecutivo Nacional que le dio vía libre al aumento de las tarifas de gas y electricidad generó que desde las principales entidades que defienden los derechos de los usuarios se comience a trabajar con el fin de presentar amparos para impugnar esa norma.
Los que parecen más decididos a intentar frenar la norma del PEN, que afecta a los clientes de Edesur, Edenor y Edelap y los de las empresa de gas, son los miembros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quienes adelantaron que posiblemente mañana a primera hora radiquen una presentación en la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal.
En dialogo con Diariojudicial.com, fuentes de la Defensoría ventilaron que la presentación que están elaborando, contra reloj, tiene como fin pedir que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de la norma del Ejecutivo, que prevé que se eleve las facturas de electricidad de aquellos que consuman más 300 kW por bimestre, y los de gas de hasta 500 metros cúbicos anuales para la zona metropolitana.
Para los miembros de la Defensoría presidida por Alicia Oliveira, la norma cuestionada se opone a la ley de Emergencia Económica ya que estimaron que en ningún momento se buscó renegociar los contratos antes de hablar de aumentar las tarifas.
Además, explicaron que tampoco se respeta el derecho de los usuarios ya que los ajustes salieron por la vía del decreto y no se permitió que los clientes de las empresas tomaran parte en estas negociaciones.
Recordemos que ya Oliveira consiguió frenar en dos oportunidades las intenciones de aumentar las tarifas mediante las audiencias públicas cuando la juez Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar a sus pedidos en un expediente que por el momento pasó a manos de Clara Do Pico, luego de que el Estado recusara con causa a la magistrada de origen.
Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, anunciaron que Eduardo Mondino esta revisando en forma detallada el decreto y no descartaron que éste también se presente a la justicia con el fin de impedir que la norma se aplique contra los usuarios.
Las gasíferas GasBan, Metrogás, Litoral, Centro, Cuyana, Gasnor y GasNea fueron beneficiadas con los aumentos mencionados que oscilan entre 7, 1 por ciento y 7,4, al tiempo que los ajustes para la zona patagónica, Camuzzi Gas del Sur, el incremento estipulado es del 5,6 por ciento. Para los comercios, el aumento ronda entre 7,3% y 9,9%.
En el decreto se señaló que la prohibición de aplicar cláusulas indexatorias que estableció la ley de emergencia económica, “no coartan el derecho a la revisión de cuestiones tarifarias, basadas en principios de equidad, de pura raigambre constitucional”.
Además, se afirmó que existen antecedentes “que justifican el ejercicio de facultades extraordinarias en forma transitoria, con el único fin de preservar el interés de los usuarios en mantener el acceso a servicios públicos eficientes y asegurando su continuidad”.