El Juzgado Federal de Río Grande -a cargo de la jueza federal Mariel Borruto- dispuso los procesamientos sin prisión preventiva de seis inspectores municipales de la ciudad de Ushuaia por el delito de abuso de autoridad, por considerar que no alertaron respecto del funcionamiento del prostíbulo “Black and White” ampliamente conocido en la localidad; y mandó a trabar un embargó por $120 mil pesos a cada uno de los imputados.
De la investigación se pudo comprobar que, pese a que el local era inspeccionado asiduamente, los inspectores no alertaban de su funcionamiento. Tras efectuar un repaso de los hechos, la magistrada concluyó que de las pruebas obrantes en el expediente, "se denota la ilegalidad del comportamiento de los inspectores municipales en representación de la Municipalidad de Ushuaia, toda vez que los mismos debían inspeccionar y controlar esencialmente todas las dependencias habilitadas".
La causa es un desprendimiento del proceso por el que, en septiembre de 2015, seis integrantes de un clan familiar fueron condenados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El principal imputado, Víctor Morales, fue encontrado culpable de engañar, a través de falsas ofertas de trabajo publicadas en el diario Clarín, trasladar y explotar sexualmente al menos a 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en ese local nocturno.