Para los camaristas, la decisión de citar a De la Rúa como imputado era “manifiestamente arbitraria” y además apartaron al juez Bonadío, por lo que ahora se deber designar un nuevo magistrado para entender en el expediente que, de cualquier forma, parece estar a un paso del archivo.
En dos carillas, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun recordaron la “discrecionalidad” con la que un juez puede llamar a indagatoria a presuntos imputados, pero remarcaron que esta convocatoria “debe guardar correspondencia con las probanzas acumuladas”, algo que, aseguran “no se vislumbra” en este expediente.
De la Rua debería haber declarado en esta causa el 20 de mayo pero sus abogados Fernando y Gustavo Díaz Cantón presentaron un escrito firmado por el ex jefe de Estado en el que deslindaba responsabilidades y solicitaba la nulidad de esa audiencia, además de recusar a Bonadío.
Según De la Rúa, los dos jarrones españoles, nunca formaron parte de su patrimonio sino que “siempre estuvieron en la Casa de Gobierno e incorporados al patrimonio público”.
Además, De la Rúa dijo que el “tamaño y precio” de los jarrones es “ínfimo” y que la denuncia buscaba “hacerme aparecer ante la prensa bajo los graves títulos de la convocatoria” a indagatoria.
La denuncia haba sido presentada por el abogado Juan Carlos Iglesias y se basa en una información publicada en la revista Veintitrés del 7 de diciembre de 2000, bajo el nombre “El jarrón es mío, mío, mío”.