Promueven acción de amparo contra la Municipalidad de La Plata exigiendo el derecho a la igualdad y no discriminación hacia las personas de origen senegalés que residen y/o transitan en la capital bonaerense. En el amparo se registran varios casos de represión contra dicha comunidad.
El colectivo de abogados La Ciega promovió una Acción de Amparo Colectivo contra la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires orientado a reclamar la efectiva tutela del Derecho a la igualdad y no discriminación en los términos del artículo 1.1 de la CADH y concordantes de las personas de origen senegalés que residen y/o transitan en la ciudad de La Plata.
“Cada día se hace más insoportable la persecución y hostigamiento sistemáticos que sufren los senegaleses en el marco de los operativos a cargo de Control Ciudadano y las fuerzas de seguridad provinciales, que con el pretexto de “combatir la venta ilegal” restringen el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de este colectivo migrante, cuya situación de vulnerabilidad es especialmente aprovechada por las autoridades”, expresaron desde La Ciega en sus redes sociales.
Relatan en el amparo dos casos de represión por parte de la policía bonaerense contra integrantes de la comunidad senegalesa: el primer hecho, tuvo lugar el día 7 de agosto de 2019 en horas de la tarde, Gassama Abdou, también transitaba por las calles 8 y 46 de nuestra ciudad sin encontrarse en situación de venta, cuando fue interceptado por personal de la Policía Bonaerense, quienes lo retuvieron y le impidieron que continúe su marcha. Al observar esta escena, otros transeúntes pidieron explicaciones a las autoridades acerca de cuáles eran las razones de este proceder, a lo que los agentes policiales respondieron que lo retenían hasta que llegue personal de Control Urbano. Abdou se veía claramente angustiado y descompensado a raíz de la brutalidad policial, y ante la irregularidad del proceder policial, gran cantidad de personas intervinieron y finalmente lograron alejar a la policía del lugar.
El segundo, fue el día 12 de agosto, Djily Ka y Cheikh Lo, se dirigían a su hogar transitando por calle 7 cuando al llegar a la esquina de calle 47, personal de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires, sin mediar razón alguna, le manifestó a uno de ellos que no podían caminar por allí. Djily Ka y Cheikh -que simplemente se encontraban circulando- continuaron su marcha, ante lo cual el mismo policía los insultó y les arrojó gas pimienta en la cara. Frente a esta situación se acercaron otros transeúntes a socorrerlos y llamaron al “SAME Provincia”, haciéndose presente en el lugar una ambulancia que los auxilió.
En ese orden argumentaron los amparistas que “los trabajadores senegaleses en su gran mayoría no hablan el idioma español, no tienen arraigo en el país, familia ni vínculos de ningún tipo, viven en pensiones en la cuales pagan un alquiler mensual, en su mayoría también carecen de documentación en regla. Estas características diferenciales del resto de los trabajadores vendedores ambulantes, les impiden conseguir otras fuentes de trabajo o rebusques para la subsistencia. Es entonces que, ante la falta de posibilidades y ante el ahogo económico se ven forzados a sostener de la manera que sea la venta ambulante y es allí cuando encuentran la única respuesta que les ofrece el Estado argentino, que es la represión”.
“Cada día se hace más insoportable la persecución y hostigamiento sistemáticos que sufren los senegaleses en el marco de los operativos a cargo de Control Ciudadano y las fuerzas de seguridad provinciales, que con el pretexto de “combatir la venta ilegal” restringen el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de este colectivo migrante, cuya situación de vulnerabilidad es especialmente aprovechada por las autoridades”, expresaron desde La Ciega en sus redes sociales.
En esa misma línea, agregaron: “exigimos a la Justicia Federal que ordene a la Municipalidad de La Plata y al Ministerio de Seguridad provincial el cese urgente de los operativos, que en forma actual lesionan, restringen, alteran y amenazan – con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta- derechos y garantías reconocidos por la Constituciòn Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional”.