Un dictamen fiscal pidió el sobreseimiento de una mujer trans acusada de narcomenudeo por entender que, debido a su condición, se enfrenta a a una difícil inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, al derecho a la salud, al trabajo y a una vivienda digna.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó el sobreseimiento de una mujer trans procesada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, al sostener que su difícil condición "la pone frente a un marco en el que su vida misma se ve amenazada”.
La mujer fue detenida luego de un seguimiento a raíz de la denuncia realizada por el personal que se encarga de visualizar las cámaras de seguridad que forman parte de la División Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad. Lo que observaron fue una situación donde una mujer trans de 35 años aparentemente vendía estupefacientes a baja escala a pocas cuadras de la Plaza Constitución.
El dictamen sostiene que los códigos contravencionales y de faltas, así como los edictos policiales, “fueron herramientas clave para la persecución, hostigamiento y criminalización de homosexuales, transexuales y disidentes sexuales” y se utilizan para “penalizar y perseguir subjetividades, en especial expresiones de género consideradas potencialmente peligrosas, disruptivas del orden público, la moral y las buenas costumbres”.
Para la fiscalía, la procesada pertenece a un grupo “especialmente desaventajado y que arrastra una historia de vulneraciones de derechos significantes”.
“Surge una vulneración al desarrollo de la vivencia de la identidad de género autopercibida, dada por la actual patologización de las infancias trans, resultado de que no se han implementado aún con los alcances necesarios las normas legales sancionadas para garantizar su plenitud. Me refiero fundamentalmente a la falta de cumplimiento tanto de la Ley de Identidad de Género, como de la Ley de Educación Sexual Integral”, señaló Picardi.
El fiscal repasó el contexto histórico de las personas trans y detalló que la mayoría de las personas trans y travestis han estado históricamente relegadas del ejercicio del derecho a la educación. "Si bien la ley de educación nacional sostiene que el Estado debe garantizar los accesos y las oportunidades, sólo el 32,6% de la población trans mayor de 18 años terminó sus estudios secundarios", especificó.
A esa situación, se le suma la relación conflictiva con las fuerzas de seguridad que, junto con “la mirada social estigmatizante reforzada por los medios de comunicación hegemónicos”, sirve para la conformación de la denominación “narcotravestis”, que vincula la identidad de género con el delito, el narcotráfico y la criminalidad.
Para la fiscalía, la procesada pertenece a un grupo “especialmente desaventajado y que arrastra una historia de vulneraciones de derechos significantes”.