La Defensoría General de la Nación (DGN), a cargo de Stella Maris Martínez, presentó un informe alternativo ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas (CMW), en el marco del proceso de revisión periódico del Estado argentino, en el que denunció las afectaciones del debido proceso derivadas de la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 a los trámites migratorios, y realizó recomendaciones vinculadas a los derechos humanos de los y las migrantes. El documento se refiere, en especial, a la violación del derecho de defensa, el derecho a producir prueba y el derecho al recurso con una revisión integral que poseen las personas migrantes en Argentina. En la presentación la DGN advierte que ha observado que la gran mayoría de los tribunales intervinientes niega la apertura a prueba de los expedientes, no evalúa la validez de las órdenes de expulsión dictadas por la DNM, e, incluso, algunos tribunales rechazan sistemáticamente la intervención del defensor o la defensora de menores cuando existen niños, niñas y adolescentes involucrados/as, por ser hijos/as o estar a cargo de la persona expulsada. La DGN llama a respetar las garantías y los derechos humanos de las y los migrantes en los procesos administrativos y judiciales, fundamentalmente en aquellos en los que se emitieron órdenes de expulsión. En especial, el organismo pidió garantizar que los niños y niñas afectados por los procesos de expulsión seguidos contra sus madres, padres y cuidadores, sean oídos con las debidas garantías y cuenten con una representación jurídica autónoma en resguardo de su interés superior.