En un fallo con lenguaje inclusivo, la Justicia porteña ordenó al GCBA adoptar medidas necesarias e inmediatas para garantizar el acceso a la educación en diferentes distritos escolares.
El Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de la jueza Elena Liberatori, hizo lugar a la acción de amparo impulsada contra el GCBA para que adopte medidas necesarias e inmediatas para garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria en diferentes distritos escolares de la Ciudad.
La presentación fue encabezada por el entonces legislador porteño, Patricio del Corro; en conjunto con representantes de los gremios docentes, Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys), y Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), junto a dos madres de dos niñas en edad escolar.
Puntualmente, denunciaron que “desde hace años, miles de niñes y adolescentes no logran obtener una vacante en el sistema de educación de gestión estatal de la Ciudad” y que dicha situación es aún más grave en “familias de escasos recursos, quienes directamente ven vedado su derecho a escolarizar a les niñes en el sistema de educación inicial”.
Tras analizar la presentación, la jueza advirtió “una mayor falta de vacantes” sobre todo en los distritos escolares ubicados en la zona sur -Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Barracas y Villa Riachuelo- y también en otras zonas como el barrio porteño de Retiro.
“El GCBA no garantiza vacantes accesibles a la comunidad educativa, en los términos reglamentarios, en lo que hace a la cercanía de los centros de vida de les niñes y adolescentes, generando una distribución inequitativa de oferta de escuelas de gestión pública para los niveles primarios y medios, que claramente implica un trato discriminatorio hacia los estudiantes que viven en los distritos más postergados”, dijo la jueza, quien además utilizó lenguaje inclusivo en su fallo.
“Esta dificultad para conseguir una vacante se acentúa principalmente en los primeros años, de primero a cuarto grado, y en las escuelas de jornada completa”, sostuvo y añadió: “La falta de vacantes es una realidad concreta, que se presenta con notoriedad (…) y principalmente en aquellos Distritos que tienen dentro de su jurisdicción barrios vulnerados".
En concreto, destacó que la situación más crítica de falta de vacantes ocurre de 1° al 4° grado y se ve acentuada en relación a la “fuerte demanda de establecimientos con jornada completa” También destacó la problemática del transporte para los estudiantes que asisten a escuelas lejanas a su lugar de residencia.
Y añadió: “Este procedimiento llevado a cabo por el GCBA, obliga a niñes que viven en zonas donde no hay escuelas ni vacantes suficientes, generalmente de barrios vulnerados, a desarraigarse de su centro de vida familiar, concurrir a otro distrito transitando largas distancias y gastando tiempo para asistir y regresar de un establecimiento educativo sin garantizar en todos los casos el transporte escolar correspondiente”.
“El GCBA no garantiza vacantes accesibles a la comunidad educativa, en los términos reglamentarios, en lo que hace a la cercanía de los centros de vida de les niñes y adolescentes, generando una distribución inequitativa de oferta de escuelas de gestión pública para los niveles primarios y medios, que claramente implica un trato discriminatorio hacia los estudiantes que viven en los distritos más postergados”, dijo la jueza, quien además utilizó lenguaje inclusivo en su fallo.
Frente a esta situación, ordenó que “el Ministerio de Educación deberá (…) proceder a corregir la situación planteada, eliminando progresivamente el sistema de micros escolares mediante la genuina generación de vacantes necesarias y adecuadas a las necesidades familiares, en centros educativos ubicados en el radio reglamentario teniendo especialmente en cuenta a las personas que viven en zonas de contexto crítico”.