El STJ de Entre Ríos reglamentó la figura del abogado del niño. El Colegio de Abogados local llevará el registro de profesionales habilitados para asistir a los menores, ya sea como letrados especialistas o tutores especiales.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos aprobó la reglamentación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Procesal de Familia (10.688). Dicha normativa institucionaliza en la provincia el derecho de asistencia letrada a niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad o cuando los mismos tengan intereses contrapuestos en los litigios con los de sus representantes legales.
La nueva normativa, aprobada por la Legislatura local, encargó al Superior Tribunal de Justicia la reglamentación, para su funcionamiento y concreción, del “Cuerpo de Tutores Especiales y Abogados Especialistas para el Fuero de Familia”.
En el texto aprobado por el STJ establece cómo se confeccionarán los respectivos listados de profesionales, que estarán a disposición en los Juzgados de Familia para asegurar la representación o asistencia técnica, según corresponda, a "niños, niñas y adolescentes, como asimismo de personas víctimas de violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico".
El Colegio de Abogados entrerriano será el encargado de llevar el registro de profesionales habilitados para asistir a los intereses individuales de niños, niñas y adolescentes, ya sea como abogados especialistas o tutores especiales, sin perjuicio de la intervención del defensor público en los respectivos trámites.
En cuanto a los honorarios profesionales, el Alto Cuerpo resolvió que abonará con recursos propios en caso de insolvencia comprobada judicialmente de los condenados en costas.
Los letrados interesados en incorporarse al registro deberán acreditar al menos 80 horas cátedras de capacitación dictadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, dependiente del STJ. Actualmente, el Tribunal se encuentra “trabajando en el diseño de instancias de formación gratuitas, que aseguren una defensa de calidad técnica”, según informaron desde el Poder Judicial.
En cuanto a los honorarios profesionales, el Alto Cuerpo resolvió que abonará con recursos propios en caso de insolvencia comprobada judicialmente de los condenados en costas.