El Poder Judicial de Río Negro reglamentó la ley provincial que fija que al menos el 4% de los puestos serán para personas con discapacidad.
A través de la Acordada N° 019/2019, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro fijó un cupo mínimo del cuatro por ciento del total de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad.
De esta manera, el Poder Judicial se comprometió con lo establecido en la Ley Nacional N° 25.689, que ordena a todos los organismos públicos nacionales, empresas públicas y concesionarias de servicios públicos a asignar un cupo mínimo del cuatro por ciento de su planta de personal a personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para esos cargos.
Los jueces informaron que los procesos de inclusión laboral irán de la mano de programas de capacitación y sensibilización para todo el personal, que se sumarán a los talleres que viene brindando la Oficina de Género en la materia.
Los miembros del Superior Tribunal explicaron que el ingreso al Poder Judicial se implementará de manera gradual y sobre la base de un plan de implementación que deberán elaborar en los próximos seis meses el área de Gestión Humana y la Oficina de Género del Poder Judicial, "garantizando la realización de los ajustes razonables en cada organismo y en cada puesto de trabajo que se asigne".
En la acordada se detalla que se realizarán “reservas de puestos de trabajo como cargos adicionales a la estructura prevista para el organismo al cual se incorporen o permanezcan las personas con discapacidad”, y anualmente el área de Gestión Humana informará una previsión de cargos a ser incorporados en esas condiciones.
Los firmantes resaltaron que con esta decisión se busca "promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Asimismo, se asegura el “derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles”.
Los jueces informaron que los procesos de inclusión laboral irán de la mano de programas de capacitación y sensibilización para todo el personal, que se sumarán a los talleres que viene brindando la Oficina de Género en la materia.
En el texto publicado, la Corte provincial recordó que en el 2015 adhirió al “Protocolo de Acceso a Justicia para personas con discapacidad” y que el mismo año estableció como misión de la Oficina de Género la “orientación, asistencia técnica, derivación y elaboración de guías y protocolos de intervención” para las personas con discapacidad, ya sean usuarias o agentes del servicio de Justicia provincial.