Las defensorías oficiales penales de Tandil impulsaron una ordenanza para que el Municipio tenga un cupo laboral en los organismos del Estado para aquellas personas que hayan cumplido una condena, se encuentren bajo el régimen de salidas transitorias o libertad condicional.
Las defensorías oficiales penales de Tandil, con el apoyo de la Defensoría General, impulsaron una ordenanza para que el Municipio destine un cupo laboral del 3% para aquellas personas que hayan cumplido una condena, las que se encuentren bajo el régimen salidas transitorias y libertad condicional.
Según el texto del proyecto, su objetivo es "garantizar la reinserción laboral y acceso al empleo de las personas liberadas y/o que hayan tenido una infracción a la ley penal, a partir de su incorporación al mercado laboral formal, tanto público como privado".
Los abogados encargados de elaborar la iniciativa reseñaron que la Ley Provincial 14.301 establece que “el Estado Provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado, con las salvedades que establezca la reglamentación, están obligados a ocupar a los liberados con domicilio o residencia en territorio provincial que hayan cumplido más de cinco años de privación de libertad y reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y de ingreso en los términos del artículo 3° inciso b) de la Ley 10.430 (T.O. por Decreto 1869/96), en una proporción no inferior al dos por ciento de la totalidad de su personal; y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellos, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación”.
En ese sentido, los letrados expresaron que la “reinserción social” de las personas que cometieron delitos, es “sólo una ilusión si no se remueven ciertos obstáculos, uno de los cuales lo constituye el estigma que pesa sobre la humanidad de quien posee antecedentes penales, o posee una causa penal en curso".
A fin de que la inclusión se materialice en todos los ámbitos, el proyecto preve un régimen de incentivos impositivos municipales para quienes empleen a las personas liberadas en el ámbito privado.
Por último, los defensores resaltaron que se trata de “un proyecto destinado a remover los obstáculos laborales que afectan a las personas privadas de libertad, no puede desconocer la estigmatización que en la realidad opera sobre quienes han sido objeto de prisión preventiva. Es por ello que el presente proyecto propone incluir a estas personas que, aun siendo legalmente consideradas inocentes, requieren protección legal y medidas positivas para que la realidad acompañe los principios legales y constitucionales de inocencia”.