Casación resolvió que antes de definir la competencia deben resolverse los planteos formulados por las partes, a raíz del caso donde la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes remitió a la justicia de Entre Ríos una causa sin que se resuelvan todas las situaciones procesales.
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, se pronunció en contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que declaró la incompetencia y envió un caso a la justicia local de la provincia de Entre Ríos.
La causa se originó en 2018 a raíz de un control vehicular realizado por personal de Gendarmería Nacional del puesto control fijo “Pasaje Cuay Grande”, donde se encontró en un vehículo, luego de una requisa, dinero en efectivo por un total de 722.556 pesos y 21 cheques de distintos montos.
Sin orden judicial se le pidieron explicaciones al conductor y éste exhibió una declaración jurada firmada por el socio gerente de la firma Don Alberto SRL, por la que se autorizaba el traslado de la suma de 480 mil pesos. Sin embargo, se secuestró el vehículo, el dinero, los cheques y la documentación vinculada a la sociedad.
El fallo resaltó la “extrema gravedad” de las irregularidades del trámite del expediente y de lo resuelto por la Cámara Federal correntina y ordenó que de manera inmediata se resuelva la cuestión de fondo.
“No resulta claro a partir de los términos de la resolución impugnada sobre qué elemento se sustenta el mantenimiento de E.E.P en calidad de imputado, cuando se habrían descartado todos aquellos delitos por los cuales fue imputado (evasión tributaria, negociación ilegal de divisas o lavado de dinero) ni la conservación de los valores -dinero y cheques-, el vehículo y los elementos secuestrados en calidad de tales a disposición de la justicia de Entre Ríos”, sostuvo Casación.
Por lo tanto, "no puede atribuírsele a quien transportaba el dinero, ni a la firma Don Alberto SRL y al titular del vehículo que fuera secuestrado, alguno de los delitos por los que fueron imputados", explicaron los jueces. Agregaron que se "evidencia una falta de razonabilidad de la decisión de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, en tanto ordenaron la incompetencia del fuero y la remisión de la causa sin antes resolver los planteos de nulidad del procedimiento de prevención, de la declaración indagatoria, y expedirse sobre la situación procesal del imputado".
En ese sentido, los magistrados concluyeron en que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes debió remitir los testimonios a la sede correspondiente. "Tal decisión no la eximía de resolver todos los planteos que fueron puestos a conocimiento", advirtieron.
El fallo resaltó la “extrema gravedad” de las irregularidades del trámite del expediente y de lo resuelto por la Cámara Federal correntina y ordenó que de manera inmediata se resuelva la cuestión de fondo.