El ministro de Economía, Roberto Lavagna, se comprometió a realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación en el marco de un encuentro que mantuvo con integrantes del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, a raíz de las discusiones que surgieron por la inminente aprobación del presupuesto 2003.
Así lo afirmó el consejero Eduardo Orio, quien en dialogo con Diariojudicial.com, comentó que durante el encuentro el ministro les dijo que desde la cartera de Hacienda se "encuentran trabajando para ver de que forma se le puede dar a Poder Judicial un presupuesto acorde a las necesidades que tiene".
De la reunión, además de Orio y Lavagna tomaron parte los consejeros Lelia Chaya, Victoria Pérez Tognola, Abel Cornejo, Beinusz Szmukler y el administrador de la Corte Nicolás Reyes.
Orio comentó que el debate se centró en la posibilidad de que la justicia sufra un recorte cercano a los 280 millones de pesos, como adelantara este medio la semana pasada, hecho que puede generar una virtual parálisis de ese ámbito.
El consejero, además, comentó que el jefe de Economía les hizo saber que la situación económica del país es "muy delicada" al tiempo que les solicitó que como todos los demás sectores deberán hacer "un esfuerzo" con el fin de lograr sobrellevar el delicado cuadro financiero que vive el país.
Al respecto, Orio dejó en claro que por lo menos los integrantes del cuerpo de justicia tienen la intención de que desde Economía se "respeten las asignaciones del último ejercicio", las que se encuentran amenazadas por las intenciones de bajarle al Poder Judicial su participación en el presupuesto nacional del 3,5 al 2,9 por ciento.
El consejero abogado opinó que del encuentro, que duró cerca de una hora, se llevó "la imagen de compromiso que tiene el ministro para encontrarle una solución al problema" de la asignación de partidas presupuestarias, dado que "en ningún momento dijo no".
El Consejo de la Magistratura marcó su posición respecto del recorte el último miércoles cuando en el Plenario dictó una resolución, que luego fue remitida al Ministerio de Economía, en donde se manifestó que un recorte podría provocar "una situación de parálisis de la actividad judicial".
En esa declaración, el Consejo señaló que el proyecto enviado por el gobierno a la Cámara de Diputados "ha efectuado recortes en los créditos requeridos" por ese cuerpo y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por esa razón reclamaron a los otros dos poderes del Estado que "en la esfera de sus respectivas competencias modifiquen el proyecto que se encuentra en trámite parlamentario, respetando el requerimiento que se ha formulado, sin afectar las partidas destinadas a cubrir necesidades sociales, educativas o culturales".
Además, el cuerpo sostuvo que "para evitar un mayor perjuicio de la administración de justicia -algunos de cuyos fueros se encuentran colapsados- es indispensable contar con los recursos necesarios previstos con mesura y extrema moderación en el presupuesto para el Poder Judicial proyectado para el año 2003".
Durante el encuentro los visitantes le dejaron al ministro Lavagna un documento en donde manifestaron que la sanción de Ley de Presupuesto, en los términos que lo proyectó la cartera de Hacienda para el año 2003, generaría la erosión de lo dispuesto en la ley 23.853 ( de Autarquía del Poder Judicial).
En el mismo, dejaron en claro que el Poder Judicial tiene una participación reducida dentro del total del presupuesto nacional con una tendencia declinante en los últimos años y esa afirmación la justificaron a partir de un cuadro comparativo que marca que la intención de asignarle tan sólo el 1,10 de las partidas es aún inferior a 1992 cuando se vivió uno de los niveles más bajos.
Además, se afirmó que modificar el artículo 2 de la ley de autarquía y reemplazar el coeficiente de participación de los recursos generales de la Administración Central por otro menor, "agravará la disponibilidad de recursos".
Por otra parte, detallaron que el presupuesto proyectado por esta Institución, que asciende a 850.000.000 de pesos, contempla los requerimientos mínimos que permitan mantener y adecuar los 510 mil metros cuadrados de edificios y oficinas a fin de morigerar el hacinamiento de empleados y público en general y facilitar el acceso y el archivo de expedientes.
Al respecto, comentaron que la idea es por lo menos duplicar los 5 mil puestos de trabajo informatizados actualmente en operación, dotando al sistema de los equipos, redes de comunicación y seguridad necesarios para facilitar esa función del Estado.
Pero, dejaron en claro que el monto de 631.000.000 de pesos que les quiere asignar el Estado representa "menos del 70 por ciento del total de que la función judicial necesitará en 2003".
En tanto, alertaron que "con esa asignación resultará difícil desarrollar estas acciones que son mínimas dentro del total de necesidades que demanda el Poder Judicial".