La resolución de la magistrada fue adoptada a raíz de un recurso de amparo presentado por el senador provincial de la Alianza Diego Rodrigo, a raíz de un convenio que habían suscripto el ex titular de seguridad bonaerense Osvaldo Lorenzo, con la titular del Consejo del Menor, María Laura Leguizamón.
El convenio, que fue refrendado por el vicegobernador Rafael Romá, acordaba la reclusión de menores en sub penal 35 de la ciudad de Magdalena.
El acuerdo firmado en agosto último contemplaba "el aumento intrínseco de causas judiciales penales iniciadas en los tribunales de menores de la Provincia".
La juez Lima ordenó al ministro de Justicia y Seguridad y al Consejo del Menor a que se abstenga de autorizar ese tipo de traslados y les advirtió que en caso de haberse concretado deberán devolver a los menores a sus lugares de detención originales.
Los lineamientos generales del convenio facultaban al Consejo del Menor a utilizar la infraestructura del penal de Magdalena, para alojar a los jóvenes varones en un sector de máxima seguridad, pero los mismos quedarían "bajo el control y supervisión del personal penitenciario, con lo que se contrarían de modo patente disposiciones constitucionales nacionales y provinciales; la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de derechos Civil y Políticos", según la denuncia de Rodrigo que dio lugar al amparo.