Así lo denunció esta mañana la titular del Tribunal Superior, María Esther Cafure de Battistelli, en declaraciones a la radio Universidad de Córdoba.
La magistrada dijo que se trató de un "intento" del juez de control Juan Carlos Angelone, por un pedido del fiscal Gustavo Sandoval, en el marco de una causa iniciada por el fiscal general Carlos Baggini.
Baggini, quien fue nombrado por el Poder Ejecutivo, mantiene desde hace un tiempo un fuerte enfrentamiento con el Tribunal Superior, y recientemente ordenó iniciar una causa contra la vocal Aída Tarditti, por supuesto "abuso de autoridad".
"Si quieren intervenir el Tribunal Superior y el Poder Judicial, que lo hagan. Si quieren pedirnos juicio político, que procedan", desafió la juez, en alusión a la confrontación que se vive desde hace tiempo entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura controlada por el oficialismo, por un lado y el Poder Judicial por el otro.
En ese marco, el pasado 20 de noviembre la Legislatura sancionó sobre tablas un proyecto de ley que declara la emergencia judicial en la provincia y suspende el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Para Cafure de Battistelli, el enfrentamiento entre el poder político y el Tribunal Superior se origina "en la pretensión de que la Fiscalía General tenga más poder que el cuerpo que yo presido".
"Es una Fiscalía General que no reconoce órdenes del Tribunal Superior y directamente no las ejecuta", señaló.
Cafure de Battistelli comentó que anoche se hizo presente en las oficinas de Tarditti el juez Angelone y allí "insinuó la posibilidad de un allanamiento" en el lugar.
La magistrada indicó que este tipo de procedimiento "no registra antecedentes en la Justicia de Córdoba".
"Sandoval no hace más que cumplir órdenes superiores, no se mueve por iniciativa propia. De ello estoy absolutamente segura" denunció además.
En relación con el intento de allanamiento, la juez Tarditti autorizó días atrás la utilización de armas depositadas judicialmente, las que fueron entregadas a personal de la Policía Judicial para colaborar en el desbaratamiento de una presunta banda de gitanos que se dedicaría al robo en gran escala de automóviles y camiones.
A su vez, la vocal instruyó para que se investigue al fiscal Sandoval por presunto mal desempeño, lo que derivaría en su posible destitución, por haber mantenido en prisión dos años a una persona acusada de robo y durante ese período no haber avanzado en la causa, lo que obligó a la Justicia a liberarlo.