La Cámara Federal porteña rechazó los pedidos de excarcelación formulados por las defensa de los ex represores Guillermo Suárez Mason, Jorge "Tigre" Acosta y Héctor Febres, procesados y bajo arresto por su participación en el robo y supresión de identidad de criaturas hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar.
La decisión fue adoptada por la Sala Primera de la Cámara ante "la magnitud del daño causado y la gravedad de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores" lo que hace suponer que de ser excarcelados "intentarían eludir el accionar de la Justicia".
Los defensores de los militares habían pedido la aplicación de la ley 24390 (del dos por uno), pero los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani lo rechazaron al considerar que no es una norma de "aplicación automática" ya que en cada caso se debe "valorar la gravedad de la infracción".
Según entendieron los jueces, la "sustracción, retención y ocultamiento de menores con sustitución de identidad" es un delito "permanente" de imposible "reparación del daño causado".
Al respecto, indicaron que los acusados "se valieron de su condición de militar en actividad" para cometer los ilícitos, cuando tenían un "mayor deber de obrar conforme a las normas".
Febres, Acosta y Suárez Mason se encuentran detenidos desde 1998, cuando el ex juez Adolfo Bagnasco los procesó junto a otros nueve ex militares por los delitos mencionados, al igual que el ex dictador Jorge Videla, el ex almirante Eduardo Massera, el ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone y los ex jefes navales Antonio Vañek y Rubén Franco.