Ángela Ledesma presidirá la Cámara Federal de Casación Penal durante el 2020. Fue tras una votación dividida en la que triunfó por un voto. Gustavo Hornos y Alejandro Slokar serán vicepresidente primero y segundo, respectivamente.
El Máximo Tribunal Penal del país renueva sus autoridades para el período 2020 y Ángela Ledesma fue la elegida para asumir la presidencia, lugar que ocupa Carlos Mahiques actualmente, y será secundada por Gustavo Hornos y Alejandro Slokar.
La votación, de la que participan todos los jueces que conforman el fuero, fue dividida: siete de los 13 que votaron lo hicieron a favor de Ledesma y seis mostraron su disidencia argumentando que la presidencia debía ser asumida por Daniel Petrone, actual vicepresidente de la Cámara.
Ledesma integró la comisión de especialistas creada por el Ministerio de Justicia de la Nación para reformar el Código Procesal Penal y es una de las responsables de poner en marcha la nueva normativa, que ya funciona en Salta y Jujuy.
Ledesma se votó a si misma y contó con el apoyo de Ana María Figueroa, Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En contra votaron Liliana Catucci, Diego Barroetavena, Eduardo Riggi, Daniel Petrone, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques.
La mayoría expresó que, según la "tradición interpretativa del cuerpo", en el artículo 2 del reglamento de Casación, el orden de rotación de autoridades debe establecerse conforme al ingreso de los jueces al tribunal. Por lo tanto, le corresponde a Ledesma ocupar la presidencia del Tribunal.
La magistrada forma parte de la sala II de la Cámara de Casación, junto a Slokar y Yacobucci, y fue profesora en varias casas de estudios, como la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Belgrano. Actualmente es titular de una cátedra de derecho civil y comercial en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Ledesma integró la comisión de especialistas creada por el Ministerio de Justicia de la Nación para reformar el Código Procesal Penal y es una de las responsables de poner en marcha la nueva normativa, que ya funciona en Salta y Jujuy.