Abogados y funcionarios judiciales quedaron encerrados en un ascensor del edificio del fuero Laboral, ubicado en Paraná 520. No es un hecho aislado y el gremio de los judiciales alzó la voz pidiendo una solución urgente.
A pocos días del comienzo de la Feria Judicial, los juzgados del fuero Laboral son nuevamente noticia: varias personas quedaron encerradas en un ascensor y los bomberos tuvieron que intervenir.
Se trata del edificio ubicado en la calle Paraná 520, de la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentran dependencias de Juzgados Laborales. Este inmueble es el centro de los reclamos por parte de los trabajadores, funcionarios y abogados por el “colapso” de los ascensores y problemas estructurales.
Sumado al mal estado edilicio, los trabajadores también alertan sobre la falta de insumos. En este sentido, el Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, pidió que se investigue a los “responsables del alquiler” del edificio “no preparado para oficina judicial”. A través de las redes sociales, requirió que se indague también sobre el "monto de los alquileres y vicios estructurales”.
A pedido del gremio de los judiciales, el Consejo de la Magistratura de la Nación declaró en octubre “la emergencia" en materia de infraestructura edilicia y tecnológica en las dependencias del Poder Judicial por el plazo de un año.
No es un problema aislado, ya que hace pocas semanas los ascensores del edificio del fuero Comercial -Callao 635- también sufrieron problemas técnicos y fueron inspeccionados. A su vez, un ascensor con pasajeros se desplomó en el edificio de la avenida Inmigrantes al 1950, donde funcionan juzgados civiles y del fuero penal económico. El personal que se encontraba en el ascensor sufrió varios golpes, y tuvieron que salir por sus propios medios. Este último edificio presenta serios problemas y denuncias con motivo de la falta de limpieza e higiene de baños y espacios comunes.
A pedido del gremio de los judiciales, el Consejo de la Magistratura de la Nación declaró en octubre “la emergencia" en materia de infraestructura edilicia y tecnológica en las dependencias del Poder Judicial por el plazo de un año. El Pleno se comprometió a tomar medidas para atender las deficiencias de las obras de construcción, refacción, remodelación y ampliación de inmuebles.
El órgano también se comprometió a realizar acciones que permitan el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos, como así también la “modernización tecnológica del servicio de justicia”.