En una labor en conjunto, la fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron que el dueño de la empresa avícola Supremo S.A, Carlos Felipe Fernández, sea imputado por haber explotado laboralmente al menos a 31 personas en situación de vulnerabilidad. Su hija, Bárbara Melisa Fernández, es otra de las imputadas de la causa. Los acusados habrían captado y trasladado a las víctimas hacia los campos mediante engaños y falsas promesas. De los testimonios surge que los trabajadores debían desarrollar sus tareas era de lunes a viernes de 6 a 21 y que, en algunas ocasiones, algunos de ellos debieron extender ese horario incluso durante la noche. Varias víctimas declararon que en ocasiones tuvieron que trabajar las 24 horas del día, de lunes a lunes. A su vez, los salarios que percibían, en algunos casos, eran inferiores a las previsiones normativas y las jornadas eran “exorbitantemente” superiores. No podían salir del predio sin permiso previo, no les permitían tener contacto con otros granjeros, y no contaban con elementos de trabajo adecuados y suficientes para las tareas que realizaban.