La diputada nacional Aída Ayala (UCR-Juntos por el Cambio) fue procesada -sin prisión preventiva- por presunta defraudación contra la administración pública, durante su desempeño como secretaria de Asuntos Municipales, cargo que dejó en 2017 al asumir en el Congreso. La medida fue firmada el pasado lunes por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, quien además le trabó a la legisladora radical un embargo por un millón de pesos. El fallo también alcanzó a sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y al empresario Claudio Tolosa. En la causa se investiga el supuesto direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones del municipio de Quitilipi, a través de las cuales Ayala habría beneficiado a Tolosa. Según el dictamen del fiscal Patricio Sabadini, los colaboradores de la exfuncionaria se habrían presentado ante el intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, para gestionar la contratación de la empresa Service Hogar, propiedad de Tolosa.