El Gobierno nacional amplió el temario de sesiones extraordinarias para incluir el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. También se tratará la iniciativa de modificación del régimen especial de jubilaciones.
Mediante el decreto 98/2020, el presidente Alberto Fernández resolvió ampliar el temario de sesiones extraordinarias y así incluir en el tratamiento el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.
La iniciativa se sumará al debate del proyecto de ley que modifica el Consenso Fiscal, que ya cuenta con media sanción del Senado, y al de suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.
Desde el Congreso estimaron que proyecto sobre la deuda será tratado en los próximos días. Sin embargo, los legisladores ponen sus mayores reparos en la iniciativa relativa a las jubilaciones de privilegio. En la actualidad, hay más de 6000 beneficiarios dentro del régimen jubilatorio del Poder Judicial y unos 700 diplomáticos.
En las últimas semanas, el Gobierno nacional puso la lupa en los regímenes especiales de jueces y el cuerpo diplomático, y comenzó a delinear un borrador que, en principio, implicaría cambios para los funcionarios que todavía no aportaron. Esta última cuestión dejaría a salvo a gran parte del Poder Judicial y evitaría un aluvión de amparos de quienes consideran que la reforma “afecta derechos”.
“Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y Cuerpo Diplomático”, afirmó el presidente Fernández en su cuenta de la red social Twitter.
En las últimas semanas, el Gobierno nacional puso la lupa en los regímenes especiales de jueces y el cuerpo diplomático, y comenzó a delinear un borrador que, en principio, implicaría cambios para los funcionarios que todavía no aportaron. Esta última cuestión dejaría a salvo a gran parte del Poder Judicial y evitaría un aluvión de amparos de quienes consideran que la reforma “afecta derechos”.