La Procuración Penitenciaria emitió una recomendación sobre el régimen de progresividad de la pena. Según el texto, hay una tendencia al estancamiento e imposibilidad de que las personas condenadas avancen en el camino de la reinserción.
Tras un estudio al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) señaló una tendencia al estancamiento e imposibilidad de que las personas condenadas avancen en el régimen progresivo de la pena.
Mediante la recomendación 905/20, el organismo advirtió diferentes prácticas de la administración penitenciaria que impiden el avance de las personas condenadas por el régimen de progresividad de la pena, lo cual “impacta en el efectivo respeto de los derechos fundamentales de las personas condenadas, entre ellos, el acceso a las libertades anticipadas”.
De este modo, el organismo explicó que "las falencias estructurales de la administración penitenciaria -a falta de designación de profesionales, la poca oferta laboral, las condiciones edilicias o la falta de insumos- no pueden menoscabar los derechos de las personas bajo al custodia del Estado". Y añadió que “dichas falencias están jugando como variable de ajuste en lo referido al avance de la progresividad".
La Procuración destacó que el régimen progresivo constituye uno de los reclamos más recurrentes, por lo que recomendó la adopción de medidas necesarias, en un plazo de 30 días hábiles, a fines de que las áreas que conforman los Complejos Correccionales fije "objetivos de posible cumplimiento, unívocos y mensurables".
"Pare ello se deberá considerar las necesidades particulares e individuales y las posibilidades reales que puede ofrecer el Complejo en lo que respecto a la oferta laboral, educativa, atención psicológica y asistencia social", continuó el documento.
Asimismo, la PPN recomendó que las áreas de tratamiento definan la fundamentación de la calificación en función de que sea "concreta, concisa e individualizada".
Los Consejos Correccionales deben diseñar un programa de tratamiento para cada persona condenada, atendiendo a las condiciones personales, intereses y necesidades de esta para alcanzar el egreso. Del relevamiento realizado, según explicaron, surgen prácticas contrarias a lo previsto legal y normativamente, dado que se “fijan objetivos estandarizados, sin contemplar las necesidades particulares de cada sujeto y las posibilidades reales que tiene para ofrecer la institución carcelaria en lo que respecta a la oferta laboral, educativa, atención psicológica y asistencia social”.
Asimismo, la PPN recomendó que las áreas de tratamiento definan la fundamentación de la calificación en función "de que sea concreta, concisa e individualizada". Entre otras cuestiones, el documento también destacó la importancia de las instancias de control y monitoreo externo a lo que sucede dentro de las prisiones en lo que respecta a las actuaciones de los Consejos Correccionales.