Sergio Barotto, miembro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, realizó un análisis sobre el impacto jurídico del Brexit en el mundo y, en especial, en Latinoamérica. El juez consideró que el proceso significó un "jaque al sistema europeo de protección de derechos".
El 31 de enero pasado culminó el proceso político que permitió la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Ahora, la nación entró en un período de transición, que tiene como objetivo darles a las partes tiempo para ajustarse y negociar los términos de su nueva relación, hasta el 31 de diciembre de este año.
Para Sergio Barotto, Vocal del Máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, el principal desafío que enfrenta el Reino Unido es la desvinculación de la competencia del Tribunal de Justicia europeo, ya que "implica recuperar la capacidad de legislar derecho interno sin verse limitado por las normas jurídicas de la UE que aplica dicho tribunal supranacional".
El magistrado recordó que la Corte Suprema de Justicia británico resolvió que "las normas europeas cesan de ser una fuente de derecho en el futuro en Inglaterra; que las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE no serán aplicables en el país, por lo que no han de limitar la acción de las instituciones británicas, y que el derecho europeo que se asuma no tendrá una categoría jerárquicamente superior al nacional".
"El Brexit pone en jaque sistemas políticos y jurídicos en los que se suponía armonía entre países y organismos internacionales, con relación al alcance de los derechos", resaltó Barotto.
"La incorporación por parte de las naciones del derecho internacional de los derechos humanos ha llevado a la construcción de un programa multinivel de protección, a partir de dos sistemas independientes –el nacional y el internacional– pero integrados, en donde la palabra final en cada uno de ellos corresponde a distintos órganos, a partir de lo cual la labor de interpretación y protección de los derechos humanos es la tarea judicial más difícil en la actualidad", sostuvo el ministro del STJ.
Sobre ese punto, detalló que en Latinoamérica, en abril del 2019, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile pidieron reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado por la Comisión y la Corte Interamericana, órganos de interpretación y aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, la adopción de acciones que permitan mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI.
Para ello, se subrayó "la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema, y pidiendo específicamente que las eventuales sanciones que aquellos órganos apliquen a los países miembros guarden una debida proporcionalidad, y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados".
"El Brexit pone en jaque sistemas políticos y jurídicos en los que se suponía armonía entre países y organismos internacionales, con relación al alcance de los derechos", resaltó Barotto.