La Asociación de Magistrados pidió a la Corte la declaración de feria judicial para enfrentar “de la mejor manera” la pandemia del coronavirus. Reclamos por medidas sanitarias y por reemplazos para atender amparos de salud. Invocación del deber de evitar daños del Código Civil y Comercial.
La declaración de inhabilitación desde el 16 al 31 de marzo fue la alternativa por la que se inclinó la Corte Suprema de Justicia para evitar la paralización total de la Justicia ante la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Sin embargo, la medida no terminó de convencer a jueces y funcionarios judiciales, que reclaman directamente que se decrete la feria judicial, y que no encuentran un criterio unívoco en relación a los alcances de las limitaciones.
Este miércoles la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) hizo un pedido en ese sentido, para que la Corte Suprema de Justicia analice la declaración de la feria “como medida de preservación de la salud de operadores jurídicos”.
A través de una misiva, suscripta por el titular de la asociación, Marcelo Gallo Tagle y dirigida al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la entidad aclaró que esa solicitud “obedece a estrictas razones de funcionamiento” para lograr “en esta situación excepcional” un mejor servicio de administración de justicia y evitar la “innecesaria” exposición de jueces y funcionarios al contagio del virus.
En la misiva, Gallo Tagle explicó que, tras un relevamiento en distintos tribunales, se notó que el personal de maestranza no estaba concurriendo. Esto se traducía en falta de limpieza e higienización de los espacios, con la consecuencia de que tienen que ser los magistrados quienes se encarguen de limpiar para evitar contagios. Esto se vio agravado en la falta de elementos de sanitización “en todas las dependencias del Poder Judicial”.
Para la AMFJN, la mejor opción para este contexto es la declaración de la feria judicial. “Para la constitución de tribunales conformados por magistrados, funcionarios y empleados administrativos y de maestranza en las condiciones y cantidades que resuelvan las autoridades de superintendencia, para atender los asuntos urgentes”, detalla el texto, al que accedió Diario Judicial. Entre las ventajas de decretar feria, está la de reducir la cantidad de números de juzgados y tribunales habilitados, y con ello la limitación de posibilidades de contagio.
Otra de las propuestas fue la de dictar medidas especiales para generar reemplazos. Especialmente en fueros como el Civil y Comercial Federal, donde se deben atender amparos de salud, de juzgados federales del interior que tengan la misma competencia, y de los fueros penal nacional y federal, en materia de habeas corpus. A ello se suma el fuero de familia.
Finalmente, se sugirió la adopción de medidas como licencia a todos los magistrados y funcionarios mayores de 60 años, y que la fera se extienda al Consejo de la Magistratura de la Nación y al Jurado de Enjuiciamiento.
“Lo dicho se funda en el deber jurídico de prevenir daños que impone a toda persona, y cuanto más a los magistrados, el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación”, concluyó el texto.