La ACNUR publicó un documento donde le pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19.
La presidenta del cuerpo, Michelle Bachelet detalló que el virus "ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”.
“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, amplió la ex presidenta chilena.
La organización consideró que las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al virus, entre otros a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos.
Al respecto, Bachelet entendió que "los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos politicos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Cuando esas personas sean puestas en libertad, deben recibir exámenes médicos y ser objeto de las medidas necesarias para asegurar que reciban atención y seguimiento adecuado, comprendido el monitoreo sanitario.
Para la ACNUR, las medidas que se tomen en medio de una crisis sanitaria no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos, que comprenden su derecho a la alimentación y el agua potable. También deberían respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención medida y la asistencia letrada.
“El COVID-19 plantea un grave desafío al conjunto de la sociedad, ya que los gobiernos adoptan medidas para cumplir con el distanciamiento físico. Estas medidas son indispensables, pero me preocupa sobremanera que algunos países amenacen con penas de prisión a quienes desobedezcan esas normas. La ejecución de esas amenazas podría agravar la mala situación que ya existe en los centros de reclusión y contribuiría muy poco a frenar la propagación de la enfermedad”, advirtió la dependencia de la ONU.