En el Poder Judicial reina la incertidumbre ante la falta de certezas en relación a la salida de la cuarentena y el fin de la feria judicial extraordinaria. Desde la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura aguardan las definiciones del Ejecutivo. El gremio de judiciales pide continuar con las guardias mínimas.
¿Qué pasará el día después de la cuarentena? Es la pregunta que se empiezan a hacer muchos magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Todavía no está claro en qué fecha y cómo se retomará la actividad tras casi un mes de feria judicial extraordinaria, sin embargo, se plantean múltiples escenarios y problemáticas.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Nación siguen de cerca los pasos del Poder Ejecutivo, que deberá definir en las próximas horas cual será el plan de acción frente a la pandemia del Covid-19. Fuentes del Gobierno nacional aclararon que la reanudación de todas las actividades será "muy gradual y progresiva".
En el Poder Judicial prima la cautela ante la falta de certeza, pero se plantean diferentes escenarios. Son muchos los que opinan que el 12 de abril no volverá todo a la normalidad y ya hay quienes alertan sobre los riesgos que representa la actividad, especialmente por la papelización del sistema y el alto tránsito de personas en las diferentes dependencias del país. A esto se suma el factor etario, ya que gran porcentaje de jueces y abogados son mayores de 60 años.
Por todo ello, las autoridades judiciales no descartan continuar con el trabajo remoto y avanzar en la digitalización total de los procesos, con el objetivo de proteger la salud de los empleados, funcionarios, magistrados, como así también del público en general que transita tribunales.
Los más optimistas, en cambio, proyectan que la actividad se retomará de forma gradual y paulatina, sin dejar de lado las medidas en materia de higiene y prevención. Una de las propuestas es reiniciar la actividad con personal limitado que no pertenezca a los grupos de riesgo.
La paralización de la actividad judicial en el ámbito provincial y federal afecta seriamente los ingresos de los matriculados.
Las audiencias judiciales representan otras de las principales dificultades. Algunas jurisdicciones comenzaron a implementar videoconferencias, para garantizar las medidas de prevención y distanciamiento social.
Las autoridades también tendrán el desafío de organizar la concurrencia de los letrados a los juzgados, tomando las medidas de prevención recomendadas por los especialistas como, por ejemplo, el control de fiebre en los ingresos a los edificios o el uso obligatorio de barbijo.
El consejero en representación de los abogados porteños, Juan Pablo Mas Vélez, afirmó que es “necesario que el Poder Judicial rápidamente recupere plena capacidad para arbitrar conflictos entre particulares y controlar al poder”.
En el documento, la UEJN resaltó la necesidad de "preservar la salud" de las personas y evitar contagios masivos de la infección que tendrá, según los especialistas, el pico de propagación durante el mes de mayo.
“En el contexto de fuertes restricciones a los derechos y libertades impuestas por la autoridad política y cambios intempestivos y drásticos que afectan múltiples relaciones jurídicas con efectos fuertemente perjudiciales es indispensable que los tribunales recuperen su actividad habitual (con el efecto económico positivo que ello tiene) sino que deben incrementar esa actividad dando rápida y eficaz atención a las problemáticas que se multiplican en este contexto”, sostuvo el consejero y advirtió que “todo eso hay que hacerlo de tal manera que concurran a los edificios judiciales la menor cantidad de personas posible”.
Marina Sánchez Herrero, representante de los abogados del interior en el Consejo de la Magistratura, coincidió en la necesidad de "poner en agenda la reanudación plena del servicio de Justicia en Argentina". Sostuvo, además, que "el Estado debe desplegar toda su capacidad en momentos de crisis" y que "la Justicia debe recuperar su funcionamiento pleno porque pacifica y contiene, sostiene derechos y unifica en dignidad, y en momentos como el que estamos viviendo eso tiene una importancia central".
A la espera del pico de la pandemia
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitó formalmente a la Corte Suprema que, no habiendo llegado aún el pico de la pandemia, se disponga que, con posterioridad al 13 de abril, se siga adelante con el teletrabajo y mínima presencia en los edificios, para garantizar todas las actividades que no admiten demora. De este modo, el gremio liderado por Julio Piumato consideró que la "justicia debe- en este estado de excepción- continuar trabajando tal como se viene haciendo a la fecha".
"La actividad judicial por sus particularidades, con audiencias en espacios hacinados, mesas de entradas usualmente abarrotadas, escaleras estrechas, ascensores pequeños e insuficientes, deficiente higiene y precariedad edilicia constituyen per se una bomba de tiempo", señala la nota enviada al Máximo Tribunal.
En el documento, la UEJN resaltó la necesidad de "preservar la salud" de las personas y evitar contagios masivos de la infección que tendrá, según los especialistas, el pico de propagación durante el mes de mayo.
Ni un peso en los bolsillos
La paralización de la actividad judicial en el ámbito provincial y federal afecta seriamente los ingresos de los matriculados. “Las actuales circunstancias implican una paralización en la diaria tarea, que conlleva irremediablemente a la imposibilidad de cobro de honorarios profesionales (de carácter alimentario), que en definitiva es la única fuente de ingresos”, explicó el Colegio de Abogados de Buenos Aires en una nota enviada al presidente Alberto Fernández, mediante la cual se solicitó la inclusión de los letrados dentro de las medidas que se adopten sobre ayuda o asistencia para las PyMES o pequeños comerciantes.
En concreto, el COLPROBA alertó sobre la situación económica-financiera que atraviesan cientos de abogados, quienes a su vez “deben seguir atendiendo sus obligaciones impositivas profesionales y personales, y adicionalmente las restantes erogaciones propias del ejercicio profesional”.
Este pedido va en sintonía con la presentación realizada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que el Ejecutivo “implemente medidas fiscales diferenciales paliativas” para el sector. Otras entidades decidieron adoptar medidas económicas, tal es el caso del Colegio de Abogados de Rosario que destinará 2 millones de pesos para otorgar una ayuda económica de hasta 10 mil pesos por colegiado que lo requiera.