Luces y sombras de los celulares en la cárcel

En un fallo reciente, el Tribunal de Casación bonaerense autorizó mediante los autos "Detenidos Alojados en la UP Nº 9 d La Plata s/Habeas Corpus Colectivo" el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la Provincia durante el tiempo que se prolongue el aislamiento obligatorio y la emergencia sanitaria.

La misma tuvo por fundamentos que “censurar y obstaculizar la comunicación del recluso con el exterior es un modo de distanciarlo del medio social al que deberá reintegrarse tras el cumplimiento de la pena".

A poco tiempo de ser autorizada la medida, la diputada provincial Carolina Piparo (Juntos por el Cambio), recibió amenazas desde el celular de un hombre que se encuentra privado de su libertad: se trata de Carlos Moreno, condenado a prisión perpetua junto a otros cuatro integrantes de la banda que, en julio de 2010 interceptó a Píparo -que estaba embarazada de nueve meses- a la salida de un banco de La Plata y le disparó a quemarropa, asesinando a su hijo en camino.

“La regulación, como toda regulación, no quita que van a existir personas, mal que nos pese, que van a tener aparatos en forma clandestina como los tienen actualmente, y que con esos aparatos puedan darle un uso indebido o ilegal” afirmó el juez Mario Juliano

 

Las amenazas fueron efectuadas desde la cuenta de Facebook del recluso, hecho que fue denunciado por la legisladora en sus redes sociales. El celular fue requisado y actualmente está abierta la investigación que buscará constatar sí el interno demandado fue efectivamente quien realizó las amenazas desde el móvil.

Diario Judicial indagó en esta controversia y hablo con las “dos campanas”: a favor y en contra de que los internos sean habilitados a contar con celulares, y qué consecuencias traerá esta disposición.

Visto bueno

En diálogo con Diario Judicial, el Juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea, Mario Juliano, sostuvo que “respaldo y acompaño completamente la habilitación de la telefonía celular en los establecimientos penitenciarios”.

“Esto es una idea que vengo promoviendo en lo personal desde hace muchos años, y concreta y específicamente este año me tocó ser el primer juez en firmar la habilitación de la telefonía para las unidades de Batán y de Barker. Luego se fueron sucediendo otras resoluciones similares hasta que Casación el lunes pasado habilitó en toda la Provincia” relató.

El magistrado consideró que el debate se centra en la tensión permanente entre la clandestinidad y la regulación: “en la clandestinidad el Estado no tiene la posibilidad de regular ningún tipo de actividad. Ni esta, ni otras similares. Con la regulación, se incrementa la posibilidad de que el Estado pueda intervenir de modo beneficioso para asegurar que no se desvirtuen estas herramientas” relató.

Juliano continúo afirmando que “la regulación del uso de la telefonía viene a contener un fenómeno que es inocultable, no solo en la Provincia sino en el resto del país y la región, que nos indica que la inmensa mayoría de las personas privadas de su libertad están en posesión de teléfonos celulares en modo clandestino. Difícilmente una persona privada de la libertad va a cometer un acto ilícito mediante un teléfono que tiene registrado a su nombre y que de modo inmediato indicará de donde provino el acto ilícito”.

“La regulación, como toda regulación, no quita que van a existir personas, mal que nos pese, que van a tener aparatos en forma clandestina como los tienen actualmente, y que con esos aparatos puedan darle un uso indebido o ilegal” afirmó el magistrado, que agregó que ““esto fue  lo que ocurrió con Carolina Píparo, con quien me solidarizo, porque es una causa que se encuentra en trámite, en investigación por ver si la persona que dice haber hecho la amenaza fue la que la hizo, o la hizo una persona distinta”.

"La regulación permite, es la única posibilidad que el Estado pueda tener algún tipo de control. Un control eficaz y eficiente para asegurar no sólo la comunicación de las personas privadas de la libertad con el exterior sino también la seguridad de los establecimientos y terceras personas” concluyó el magistrado. 

 

“Para mi es incomprensible como siempre, la Justicia penal, no toda, pero gran parte que todas las medidas se piensan con una mirada absolutamente desde el delincuente", ´cuestionó Píparo

Perspectiva del delincuente

Consultada por la resolución de Casación, y el suceso desencadenado por su agresor, Píparo afirmó que “no hay manera posible de controlar uno a uno los celulares, tendríamos que tener un penitenciario por preso” y que la medida debería “pensar también en las víctimas que están siendo hostigadas por  redes sociales, porque yo lo puedo hacer público, pero hay muchísimas víctimas que sufren la misma situación”.

Sobre su estado de ánimo luego de recibidas las amenazas, la diputada afirmó que “desde leí el sábado el mensaje, tuve miedo, en el sentido en el que pensé, esa persona si después de 10 años le dan el celular y lo primero que hace es escribirme a mí; y… el día que salga, sale a matarme”.

“El sábado al mediodía me avisaron que sí, que le habían incautado el celular, que supuestamente él no lo había registrado y después a la tarde me dijeron que el siguió publicando desde la misma red que es Facebook” relató.

Asimismo, dejó bien sentada su postura respecto a la normativa dispuesta por Casación: “para mi es incomprensible como siempre, la Justicia penal, no toda, pero gran parte que todas las medidas se piensan con una mirada absolutamente desde el delincuente. No tienen perspectiva ni de víctima, ni de género ni de nada, tienen solamente perspectiva de delincuente”.

Sobre el final, señaló que “no cualquiera pasó por una situación que le disparen, una situación de violencia, y él sabe lo que va a provocar cuando yo lo leo. Hay personas que gozan del daño, que son peligrosas y eso al sistema penal le cuesta entenderlo.

“Considero que Moreno es una persona peligrosa y espero que esta denuncia que hice se tenga en cuenta a la hora de otorgarle beneficios” concluyó.