Vigilar y castigar

La situación de las unidades carcelarias en el país está en llamas. Los distintos motines acontecidos en las cárceles de Devoto, Florencio Varela , Santa Fe, Corrientes y Mendoza, con la exigencia de los internos de mejores condiciones sanitarias y excarcelaciones para los infectados, han dado lugar a un debate que no cesará en la agenda con facilidad: ¿es necesario otorgar prisión domiciliaria a quienes estén dentro del grupo de riesgo ante el COVID-19?

En ese contexto, distintos tribunales dieron directivas al respecto. Por ejemplo, la Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, firmada el 23 de abril, dispone que la forma que se aconseja para obtener la disminución de la población carcelaria “transita, básicamente, por la vía de la adopción de medidas alternativas a la prisión o de morigeración de la prisión preventiva con o sin monitoreo mediante un dispositivo electrónico”; y que “si bien se hace especial hincapié en los grupos de riesgo, las recomendaciones abarcan a todas las personas privadas de libertad”.

"Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad"

Hasta el momento, los jueces han liberado a más de mil internos en el país: son más de 750 los presos que recuperaron la libertad en la provincia de Buenos Aires, mientras que otros 250 fueron liberados en las cárceles federales, según lo que estiman las autoridades. Pero los detenidos están negociando para lograr más libertades. Diario Judicial analiza las luces y sombras en esta encrucijada tanto para el poder político como el judicial.

Domiciliaria ante los riesgos

El Presidente Alberto Fernández dio el visto bueno a la posibilidad de que los internos que integren los grupos de riesgo salgan de los penales o accedan al beneficio de la prisión domiciliaria. Su principal fundamento fue que "las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad".

En esa línea, el Jefe de Estado recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia. "Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control", afirmó Fernández en declaraciones.

"Las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad"

Por su parte, el juez Alberto Lugones  consideró que si los jueces reciben pedidos de liberación de presos que están dentro del grupo de riesgo, deben analizarlos, y agregó que “si está en riesgo su vida como consecuencia del Covid-19, buscaremos la forma de que pueda seguir en su casa".  Además recalcó que "los jueces no van a hacer locuras. Los presos tienen que entender que vamos a ser razonables”.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial concordó con el Presidente, señalando que "las cárceles son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta, por el hacinamiento", y que "este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí, la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad".  El mensaje concluye señalando que "las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad".

La encrucijada de los jueces

A través de un comunicado que se conoció este lunes, La Red de Jueces Penales bonaerense emitió un comunicado, firmado por Mario Daniel Caputo (juez de Quilmes) y Pedro Rodríguez (Morón), presidente y secretario de la institución, en el que se sostuvo que sí el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones.

"Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos.

En esa línea la entidad Bonaerense disparó contra el gobierno,  señalando que “si advierte inconveniente tal vía, es su responsabilidad adoptar medidas sanitarias en las unidades y derivar a centros preparados a los internos contagiados”, y que “la crisis no se resuelve derivando culpas a otros poderes".

La institución asegura que los magistrados penales advirtieron la fragilidad del sistema "hace más de dos décadas”, y que “el Covid-19 no hizo más que desnudar décadas de imprevisión y medidas defectuosas, sin una guía política criminal racional". Por último, el comunicado analiza que este escenario, más la llegada del coronavirus, "constituye un cóctel explosivo que es preciso desactivar", pero que no está en sus manos hacerlo.

Sorprendió también la postura de Sergio Massa, quien se diferenció ayer del Presidente. El titular de la Cámara de Diputados afirmó que "algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos, con los datos señalados anteriormente. También consideró que "las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error".

Por último, un fiscal de la Nación, Carlos Donoso Castex, convocó días atrás, a través de su cuenta de Facebook  un cacerolazo en rechazo a la liberación masiva de presos en el marco de los reclamos por las condiciones en las cuales viven en los penales en medio de la pandemia del coronavirus.

“Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad y si bien lo hago a diario en mi actuación profesional, invito a la ciudadanía a que el día de mañana sábado 25 de abril a las 17 horas hagamos un cacerolazo desde nuestras casas y balcones para que los jueces sepan que la sociedad quiere que piensen en los ciudadanos honestos y los protejan, y no solo se preocupen en liberar a los delincuentes presos”, escribió en su cuenta, mientras se realizaba el motín de los presos del penal de Villa Devoto.