Todo tipo de polémicas se desataron desde que el pasado 8 de abril el presidente interino del Tribunal de Casación Penal, Víctor Violini, concediera de manera parcial un pedido de habeas corpus colectivo presentado por parte de 19 defensores generales de los departamentos judiciales de la provincia. El mismo habilitaba conceder arrestos domiciliarios a las personas detenidas por delitos leves y además se hallaban en situación de riesgo o con patologías preexistentes en el marco de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19. Frente a este panorama, el Fiscal ante el Tribunal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, presentó un recurso de queja para llevar directo a la Suprema Corte bonaerense el caso colectivo que ordenó el otorgamiento de arrestos domiciliarios frente a la situación de emergencia sanitaria y, de este modo, buscar que ese tribunal revoque esa decisión judicial. Además, el fiscal pidió el dictado de una medida cautelar para suspender los efectos de la sentencia que hacía lugar a los arrestos domiciliarios, hasta tanto no se resuelva sobre el fondo de la cuestión por la Suprema Corte.