Avanza en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. La iniciativa propone la creación de la figura de un secretario de Administración General de Presupuesto.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público.
Según los fundamentos del texto, la iniciativa busca la "eficiencia en el uso de los recursos disponibles, con el objeto de asegurar el desempeño de la actividad jurisdiccional por parte de los órganos del Poder Judicial que cumple dicha función".
Entre otras cuestiones, la iniciativa propone la creación de la figura de un secretario de Administración General de Presupuesto y Poder Judicial con su correspondiente Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial entre otras estructuras administrativas dentro del Consejo de la Magistratura y Ministerio Público.
Dicha Secretaria tendrá, entre otras funciones, la elaboración y propuesta del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial porteño, como también el registro y seguimiento de su ejecución. Además tendrá a su cargo contrataciones de bienes y servicios -con determinadas excepciones-, la liquidación y pago de los haberes de todo el personal de Poder Judicial y también podrá proponer al Plenario del Consejo la modificación, ampliación o supresión de las estructuras a su cargo.
La iniciativa despertó críticas en el ámbito judicial, ya que afirman que supone una gran concentración facultades en materia presupuestaria y económica. También alertaron sobre los cambios que se insertan al régimen disciplinario actual de la ley 1903 y la falta de claridad en los procesos de designación del secretario y la duración del mandato.
A su vez, dispone que las competencias y facultades de la administración general que involucren al Ministerio Público en su conjunto, serán ejercidas por esta nueva Secretaría la que “presidirá la Comisión de Administración Conjunta de representantes del Ministerio Público, que se constituye en lugar de la actual Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público".
La iniciativa despertó críticas en el ámbito judicial, ya que afirman que supone una gran concentración facultades en materia presupuestaria y económica. También alertaron sobre los cambios que se insertan al régimen disciplinario actual de la ley 1903 y la falta de claridad en los procesos de designación del secretario y la duración del mandato.
En este sentido, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación expresó al presidente de la Legislatura, Diego Santilli, su preocupación frente al impulso por parte del Poder Ejecutivo del proyecto por considerar que “atenta contra la Constitución de la CABA y las leyes que regulan la actividad del Poder Judicial y Ministerio Público”.
El gremio rechazó la creación de la figura de un “administrador general” y advirtió: “En efecto, la política judicial, y en particular la salarial del Poder Judicial, no puede depender de una figura supeditada a un poder distinto del Poder Judicial toda vez que ello constituiría una afectación de la independencia de poderes y una grave intromisión a la independencia del Poder Judicial”.
A su vez, el Sindicato de Trabajadores Judiciales del a Ciudad presentó una nota a la Comisión de Justicia y alertó sobre la falta de participación de los trabajadores judiciales en el debate “pese a tratarse de una modificación sustancial a la organización del Poder Judicial que afecta derechos adquiridos”.