El Juzgado de Control de Córdoba confirmó la prisión preventiva para 28 imputados por el operativo “Leyenda”, en el que se los acusa de vender automóviles sustraídos mediante maniobras fraudulentas.
En el caso "A.S.G. y otros pp.ss.aa. Asociación Ilícita”, el Juzgado de Control n.° 4 de la ciudad de Córdoba, consideró acreditada la participación de los imputados en una banda especializada que comercializaba automóviles y cometía una gran cantidad de ilícitos con pluralidad y diversidad de roles conforme objetivos compartidos por todos, ocasionando así perjuicios patrimoniales a terceros.
Así, la magistrada a cargo, Anahí Hampartzounián, confirmó la prisión preventiva de los encartados. El fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria, Iván Rodríguez, individualizó a 42 presuntos miembros de la organización delictiva y dictó 38 prisiones preventivas.
En este marco, la jueza recordó que la instrucción logró individualizar a 42 imputados, pero existen también prófugos y, dada la cantidad de llamadas con personas no identificadas, también un conjunto de miembros que permanecen en el anonimato, cuya membresía se manifestaba a partir de la participación en la operaciones que eran propias del colectivo; no descartándose su incursión en otras actividades ilícitas (verbigracia venta de estupefacientes).
Sin embargo, 29 imputados cuestionaron esa medida ante el Juzgado de Control n.° 4. Entre los fundamentos para confirmar la prisión preventiva, la jueza Hampartzounián señaló que tanto el número de miembros, como la multiplicidad de hechos delictivos cometidos por la asociación y la expansión territorial en la que el grupo operaba, conducen a sostener que la pena que eventualmente se les aplique será de cumplimiento efectivo y superará el mínimo de la escala.
Aseguró que “la estructura organizacional acudía a diversos mecanismos tendientes a burlar los controles de Estado, específicamente al trasladar vehículos fuera del territorio provincial, previo mantenerlos ocultos por el período de tiempo que estimaban necesario para que disminuyera la intensidad de la búsqueda y su posterior traslado evitando controles policiales…”.
Ahora, la jueza de garantías confirmó 28 detenciones cautelares por entender que su eventual libertad “podría poner en serio riesgo el destino del presente proceso”.
Según la investigación, los acusados –divididos en células- obtenían vehículos automotores mediante sustracciones o fraudes a las compañías de seguros y, luego de trasladarlos a otras provincias o a países limítrofes como Bolivia, los vendían –previo falsificar su documentación- o bien los desarmaban y comercializaban sus autopartes.
En este marco, la magistrada recordó que la instrucción logró individualizar a 42 imputados, pero existen también prófugos y, dada la cantidad de llamadas con personas no identificadas, también un conjunto de miembros que permanecen en el anonimato, cuya membresía se manifestaba a partir de la participación en la operaciones que eran propias del colectivo; no descartándose su incursión en otras actividades ilícitas (verbigracia venta de estupefacientes).
La magistrada también consideró oportuno ponderar como indicio de peligro de entorpecimiento de la investigación, los probados intentos por borrar información contenida en los teléfonos celulares secuestrados, al igual que la situación de prófugos en la que se encuentran varios integrantes de la banda con fluidos contactos con el resto de los miembros y jefes de la organización.