El plenario del Consejo de la Magistratura resolvió consultar a la Corte sobre los traslados de jueces y correr vista al Ejecutivo. Se cuestionan un total de diez traslados realizados entre 2015 y 2018, los que no cuentan con acuerdo del Senado.El voto clave de Camaño.
El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió, por mayoría, consultar a la Corte Suprema de la Nación sobre los traslados de diez magistrados. También se le correrá vista al Poder Ejecutivo sobre la situación individual y todos sus antecedentes, lo que habilitaría el envío al Senado para su tratamiento.
La polémica por los traslados resurgió por la solicitud de los jueces Roberto Julio Naciff y Alejandro Esmoris, quienes pidieron su traslado a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín, respectivamente.
En este escenario, el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, cuestionó el procedimiento llevado adelante por la última gestión entre los años 2015 y 2018, que concluyó con el traslado de los magistrados Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.
Para Ustarroz, dichos traslados se encuentran “incompletos” ante falta de intervención del Poder Legislativo de la Nación mediante el acuerdo del Senado.
Las voces en contra del proyecto, sin embargo, plantearon la incompetencia y la falta de facultad del Consejo de la Magistratura para revisar estos traslados. “No tenemos potestad para entender”, sostuvo la representante de los abogados, Marina Sánchez Herrero.
Por siete votos a favor y seis en contra, el Cuerpo aprobó el dictamen elaborado por el representante de los académicos, Diego Molea, quien propuso consultar a la Corte Suprema de la Nación sobre los traslados de los diez magistrados y correr vista al Ejecutivo. Algunos de los jueces involucrados adelantaron que judicializarán la decisión.
A su vez, el consejero juez Juan Manuel Culotta planteó una posible "afectación a la garantía de inamovilidad”; mientras que el diputado del PRO Pablo Tonelli opinó a favor de la validez de los traslados e insistió en la falta de competencia del Consejo para resolver este tema.
“Los traslados fueron dispuestos por decretos del Poder Ejecutivo”, explicó Tonelli y advirtió que el “único modo de anular esas decisiones es mediante un juicio de lesividad, que concluya con una sentencia que declare la nulidad”.
Traslados en revisión
Por siete votos a favor y seis en contra, el Cuerpo aprobó el dictamen elaborado por el representante de los académicos, Diego Molea, quien propuso consultar a la Corte Suprema de la Nación sobre los traslados de los diez magistrados y correr vista al Ejecutivo. Algunos de los jueces involucrados adelantaron que judicializarán la decisión.
Votaron a favor los consejeros Gerónimo Ustarroz, Diego Molea, Alberto Lugones, Graciela Camaño, Vanesa Siley Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara. Mientras que Pablo Tonelli, Ricardo Recondo, Juan Manuel Culotta, Marina Sánchez Herrero, Juan Pablo Más Velez y Silvia Giacoppo lo hicieron en contra.
“Lo que estamos planteando es sanear un error procedimental, ya que no se respetó con esas designaciones lo que manda la Constitución Nacional”, fundamentó Molea.
En el mismo sentido, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, esgrimió: "El acto complejo, que obliga la Constitución Nacional en el artículo 99 inciso 4, no ha sido cumplido debidamente”.
Durante su intervención, la diputada por Consenso Federal Graciela Camaño también alegó que se cometieron errores en los traslados y destacó la necesidad de “enmendarlos” y establecer “reglas claras”. "Porque yo estoy cansada, desde esta amplia avenida del medio a la que pertenezco, de ver cómo de un lado y del otro de los extremos se toman discrecionalidades. Las discrecionalidades de uno justifican las discrecionalidades del otro", concluyó.