La Cámara Criminal y Correccional emitió una acordada en la que consideró inconstitucional la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo. El Tribunal denuncio el desguace y desmantelamiento del centenario fuero, y mostró preocupación por la situación de los magistrados
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se pronunció en duros términos contra la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación, que ya se encuentra debatiéndose en el Congreso, y sostuvo que la medida desatiende los datos reales del fuero.
Para el Tribunal de Apelaciones, que ejerce de alzada de los juzgados de instrucción, de menores y rogatorias, la aprobación de la reforma que implica el traspaso completo de sus competencias al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires merced a los acuerdos y convenios que deben suscribirse en el plazo de tres años significaría "el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados)".
Según la Acordada, los jueces "quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias".
La acordada sostiene que si "un Estado ha reconocido un derecho, como la mayor transparencia y garantía de imparcialidad en la designación de juezas o jueces y tribunales, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder restringiéndolo".
El documento fue firmado por el presidente del Cuerpo, Alberto Seijas tras un acuerdo en el que dieron presente los camaristas Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matias Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.
En ese sentido, los magistrados añadieron que en lo que respecta funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas "sólo se hace referencia a que serán reubicados (art. 40, párrafo 2do), sin especificación alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los Juzgados y Tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios".
Para los funcionarios del fuero, "el traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces".
"Ello supone tanto la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial -que son reaseguros de su imparcialidad-, como un trato desigual hacia el conjunto de las juezas y los jueces afectados", enfatizaron al respecto.
En otro punto del documento de 10 páginas, se sostuvo que "la iniciativa carece de consideraciones o antecedentes relativos al funcionamiento concreto del servicio de justicia brindado por todos los tribunales y fueros involucrados, como los referidos a la cantidad de casos ingresados en cada uno de ellos, resoluciones interlocutorias o definitivas dictadas y situación de las personas procesadas y condenadas, con precisión de su cuantía absoluta o promedio relativo por oficina, así como el tiempo de tramitación insumido, cumplimiento de los plazos procesales, de los procedimientos legales tales como las audiencias públicas, reglas especiales -como la flagrancia-, etc".
La acordada sostiene que si "un Estado ha reconocido un derecho, como la mayor transparencia y garantía de imparcialidad en la designación de juezas o jueces y tribunales, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder restringiéndolo".
Finalmente, la Cámara puso en conocimiento de su postura a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Procuración General de la Nación, Defensoría General de la Nación, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y asociaciones profesionales, y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Además, Alberto Seijas, titular del Cuerpo, estará presente el próximo 6 de agosto en la reunión de la Comisión del Senado que lleva adelante el debate por la reforma