Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibieron a distintos profesionales para debatir sobre la reforma judicial promovida por el Ejecutivo. Entre los disertantes estuvo Alberto Seijas, presidente de la Cámara del Crimen, que ayer emitió un duro comunicado en contra. Zaffaroni pospuso su presentación por motivos laborales.
De manera virtual, se llevó a cabo el segundo plenario de Comisiones para discutir sobre la reforma judicial. En esa oportunidad, asistieron Emanuel Desojo, presidente de AJUS La Plata-Berisso-Ensenada; Alberto Garay, abogado magister, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella; Marcos Salt, abogado especialista en Derecho Penal y titular del posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad de Buenos Aires.
También participaron Alejandro Fargosi, ex consejero de la Magistratura; Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Alberto Seijas, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y Alfredo Vítolo, miembro de Foro de Estudios para la Administración de Justicia FORES.
El primero en exponer fue Desojo, quien consideró que el proyecto “va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior”. Para el titular de AJUS, "la amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas”.
A su turno, Seijas se ocupó de aclarar que la Acordada emitida ayer por la Cámara del Crimen no trató de inconstitucional al proyecto, porque eso significaría "una simplificación extrema de la cuestión".
Para el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el proyecto plantea la disolución del fuero, por lo que “aparecen más incertidumbres que certezas”, ya que la transferencia de competencia queda sujeta “a merced de convenios y acuerdos” que se suscribirán en un plazo de tres años, pero “estos procesos son un poco más largos”.
Al respecto, agregó que "las competencias son transferibles, pero los magistrados no. El Estado Nacional no puede privar de competencias a sus jueces. La ley tiene que prever o mantener su competencia actual, o darles otra competencia, porque si no estaría dejando a jueces a sin materia a tratar”.
“En la actualidad estamos llegando casi a 100 magistrados y, en definitiva, si el proyecto avanza, el servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces que conforman su dotación", remarcó el juez.
Para Alberto Garay “cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada, porque todo el capital que tiene el Poder Judicial en lo penal está depositado en la confianza que sobre ello tenga la población”.
Sobre la propuesta del Ejecutivo, Garay remarcó que “adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas” como el aumento de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires porque significaría "el aumento más grande de toda la historia de un solo plumazo”.
Marcos Salt se mostró a favor de los objetivos de la eventual reforma, pero consideró que el texto de reforma "atrasa", por considerarlo antiguo. "Si esta ley es sancionada tal cual esta, va a nacer vieja y caduca", ya que el proyecto mantiene los sistemas de organización vigentes. "no habla de colegio de jueces, ni de oficinas de administración judicial, no regula nuevas técnicas de investigación". Además, se preguntó si "Comodoro Py no nos da respuestas a lo que pretendemos de la justicia federal, ¿por qué pensamos que sumándole la justicia penal económica nos va a dar respuesta? Si pensamos que tener 12 jueces federales no nos dio respuesta, ¿por qué poner 40 sin cambiar las estructuras y el sistema?”
Contra dicha postura, Alfredo Vítolo rechazó la iniciativa y expresó que la reforma judicial "requiere un debate participativo tendiente a buscar consensos que le otorguen a esa reforma estabilidad en el tiempo. Esta reforma no puede ni debe ser obra de un único partido o alianza electoral".
En consonancia, añadió que “para un sector importante de la ciudadanía, el proyecto solo busca generar ámbitos de impunidad en la investigación de causas de corrupción que involucran a integrantes del actual gobierno o personas cercanas a él”.
Vítolo mostró sus reparos a la idea de que la creación del nuevo fuero Penal Federa, al afirmar que el "fuero penal económico es altamente especializado y funciona medianamente bien. El proyecto lo diluye dentro de un fuero general que es el que nos genera preocupación, eso no parece una buena medida",
El debate se retomará el próximo martes con otra ronda de exposiciones de especialistas propuestos por los diferentes arcos políticos. Para la agenda de hoy estaba prevista la exposición del ex Ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, quien justificó su ausencia por motivos laborales.