La Comisión de Justicia de la Legislatura porteña comenzó a debatir dos proyectos de ley para poner en marcha el sistema de juicio por jurados.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en el tratamiento de los proyectos de ley para establecer y poner en funcionamiento el juicio por jurados para las causas criminales en el ámbito porteño.
El sistema fue consagrado en la Constitución Nacional desde su primera redacción de 1853/60. Del mismo modo está previsto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero hasta el momento no se han llevado a la práctica, a pesar de los distintos proyectos presentados en los últimos años.
El puntapié inicial lo dio la Comisión de Justicia donde se convocaron expertos y especialistas en derecho penal. El debate continuará con consultas a los diferentes representantes de la sociedad civil y el Ejecutivo local para avanzar en las coincidencias que permitan la sanción.
Se trata de las iniciativas del legislador Leandro Halperín (UCR), respaldado por su bloque, y del diputado Claudio Cingolani (VJ), también apoyado por su bancada.
El juicio por jurado es una institución creada por la Constitución Nacional desde 1853/60, que delega su aplicación en los estados provinciales. Pero solo una media docena de provincias lo ha implementado, siendo Córdoba la primera y más experimentada al respecto.
“En un escenario en el que la crisis de legitimidad del sistema de justicia interpela incluso a la clase política, el juicio por jurados es un antídoto eficaz para restituir la confianza sobre las instituciones democráticas”, señala el proyecto.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ordena crear este sistema de juzgamiento en sus artículos 81, inciso 2, y 106. A su vez, el proceso de traspaso de competencias judiciales desde la Nación a la Ciudad, como la penal, implican la sanción o adaptación de nuevas normas, algunas ya concretadas y otras en curso, explicaron los legisladores.
“En un escenario en el que la crisis de legitimidad del sistema de justicia interpela incluso a la clase política, el juicio por jurados es un antídoto eficaz para restituir la confianza sobre las instituciones democráticas”, señala el proyecto.
Ambas iniciativas recogen las experiencias de otras provincias que ya han incursionado en la incorporación de jurados al sistema penal, como también su aplicación a nivel internacional en países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Brasil, Bulgaria, Rumania, Grecia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Honduras, Malta, Costa Rica, Puerto Rico, entre otros.