Desde el mes de febrero, alrededor de 90.000 hectáreas se vieron severamente afectadas por los incendios en los pastizales en las islas del Delta del Paraná. Grandes columnas de humo, perjuicios a la atmósfera, la fauna, la flora, la población ribereña, transeúntes, turistas y habitantes de la zona son sólo algunas de las consecuencias.
En este escenario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, declaró su competencia para conocer en una acción de amparo colectivo ambiental, promovida por una asociación civil Equística Defensa del Medio Ambiente. Los supremos dispusieron que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario constituyan, de manera inmediata, un Comité de Emergencia Ambiental, para frenar los incendios que afectan la zona.
El mismo deberá efectuarse dentro del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), un modelo de gestión interjurisdiccional que fue reactivado en marzo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se deberá informar, dentro de 15 días, sobre el cumplimiento de la medida y las acciones efectuadas.
En la presentación, la asociación civil explicó que la “quema indiscriminada produce afección a la salud, en especial de los habitantes de la ciudad de Rosario”. Según un estudio realizado por el Laboratorio de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sobre la calidad de aire, producto de los focos de incendio generado en las islas de Entre Ríos frente a Rosario, entre el 11 y el 14 de junio, se superó “cinco veces el valor permitido por normativa”.
En este sentido, el Máximo Tribunal advirtieron que las quemas de pastizales se trata de una práctica antigua, pero que han adquirido una dimensión que afecta todo el ecosistema y la salud de la población, ya que no se trata en el caso del juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
En cuanto a la salud de los habitantes, los jueces explicaron que los incendios producen un incremento de los niveles de monóxido de carbono y de partículas sólidas en suspensión durante la propagación de la nube de humo, la que por lo general “produce problemas en la salud, tales como irritación en nariz, garganta, pulmones y ojos, problemas respiratorios y otras perturbaciones más complejas”.
Los ministros recordaron que Delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección, y que los incendios causan un riesgo de “alteración significativa y permanente", como también se afecta la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas.
“El peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se pierden bosques, se afecta la función de humedales, se cambia abruptamente el uso del suelo, desaparecen innumerables especies de origen subtropical, de la vida silvestre, de la flora, de la fauna y la biodiversidad”, señaló el Alto Tribunal.
En cuanto a la salud de los habitantes, los jueces explicaron que los incendios producen un incremento de los niveles de monóxido de carbono y de partículas sólidas en suspensión durante la propagación de la nube de humo, la que por lo general “produce problemas en la salud, tales como irritación en nariz, garganta, pulmones y ojos, problemas respiratorios y otras perturbaciones más complejas”.
Y concluyeron: “Resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no solo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire”.