El Consejo de la Magistratura aprobó el anteproyecto de presupuesto por 70.955 millones de pesos. La cifra no incluye el costo de la puesta en funcionamiento del proyecto de reforma judicial, que obtuvo media sanción del Senado.
El Poder Judicial de la Nación ya tiene su anteproyecto presupuestario para el 2021 por 70.955 millones de pesos. El monto fue aprobado por el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación y será enviado a la Corte, que junto al suyo, lo remitirá al Ejecutivo para incorporarlos al Nacional, a la espera de la aprobación del Congreso.
El presupuesto fue elaborado por la Administración General del Poder Judicial de la Nación y responde a una “evaluación de las necesidades” y los diferentes "requerimientos" para el funcionamiento de la justicia.
Casi el 90 por ciento del mismo será destinado a gastos de personal, ya sea para la dotación de personal en la planta de estructura, así como el personal de los tribunales creados y aún no habilitados. También se contempla los posibles requerimientos de cargos.
Hace apenas un año, el Consejo de la Magistratura aprobó la “emergencia judicial” en materia de infraestructura edilicia y tecnológica. Esta declaración se adoptó a pedido del gremio de los judiciales a fin de atender las deficiencias y necesidades existentes en el Poder Judicial.
No obstante, la pandemia del Covid-19 dejó al descubierto la falta de inversión y mantenimiento de los edificios y dependencias. A esta situación se suman los persistentes problemas que presenta el sistema de gestión informática, actualmente imprescindible para el trabajo remoto.
Reforma sin presupuesto
Sin embargo, el anteproyecto no contempla el costo de la puesta en funcionamiento del proyecto de reforma judicial, que consiguió media sanción del Senado y que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
Según un informe de la organización Unidos por la Justicia, para el fortalecimiento de la justicia federal en las provincias se crean 293 cargos de magistrados: 45 jueces, 15 fiscales y 15 defensores de cámara. 73 jueces, 92 fiscales y 53 defensores de primera instancia. A esto se suman 1226 cargos de funcionarios y empleados.
La Administración del Poder Judicial calculó parte del costo que tendría la iniciativa oficial, pero este ítem no fue incluído en el documento final. Su incorporación fue rechazada por los consejeros, argumentando que se trata de un proyecto en pleno debate parlamentario y señalaron la posibilidad de realizar modificaciones a futuro.
Los costos de la reforma
Al texto inicial del Gobierno se le sumaron juzgados y tribunales lo que significará, en caso de aprobación, la creación de cientos de nuevos cargos en todo el país.
Según un informe de la organización Unidos por la Justicia, para el fortalecimiento de la justicia federal en las provincias se crean 293 cargos de magistrados: 45 jueces, 15 fiscales y 15 defensores de cámara. 73 jueces, 92 fiscales y 53 defensores de primera instancia. A esto se suman 1226 cargos de funcionarios y empleados.
Para la unificación del fuero Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el relevamiento, se crean 77 cargos de magistrados distribuidos así: 15 jueces, 5 fiscales y 3 defensores de cámara. 23 jueces, 23 fiscales y 8 defensores de instancia. Además se crean 143 cargos de funcionarios y empleados.
En total, el proyecto impulsa la creación de 1734 cargos, 370 de magistrados y 1364 de funcionarios y empleados. Toda esta nueva estructura implicaría un costo inicial de alrededor de 10 mil millones de pesos, lo que triplicaría el proyecto original enviado por el Ejecutivo.
Como desagregado, la ONG calculó un total de $5.090.332.732 de sueldos. En contraposición, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le informó al Senado que la iniciativa tenía en salarios un impacto presupuestario de $1.939.138.630.
La organización destacó que a esta suma se le debe agregar el “costo oculto” relacionado con los gastos operativos propios de cualquier oficina, el montaje de alcaldías y los equipamientos para las salas de audiencia. También se deben considerar los gastos de celular oficial, vehículo y custodia.